Aragón cuenta con una veintena de detectives privados inscritos en el registro del Ministerio del Interior, a los que no les ha hecho ni pizca de gracia el último escándalo que ha salpicado al sector, el caso de Método 3 en Cataluña. Las prácticas de espionaje que presuntamente llevaron a cabo, en cualquier caso, no son ni de lejos los casos habituales que reciben los investigadores en la comunidad, centrados en la investigación de bajas médicas --por parte de empresas o aseguradoras-- e investigaciones familiares, particularmente del patrimonio o condiciones de cuidado de menores en casos de custodia compartida. Sí admiten que reciben solicitudes de carácter ilegal, a menudo por desconocimiento del cliente.

A nivel estatal, según cifras de Interior, hay unos 1.500 detectives en activo en España, concentrados principalmente en Madrid, Cataluña o Valencia. Estas dos últimas comunidades son, junto a Galicia, de las pocas que cuentan con un colegio de la especialidad. En Aragón, gran parte de los investigadores pertenecen a la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) --ocho, según el directorio de su página web--, aunque otros están colegiados en comunidades vecinas.

DESVINCULACIÓN El rechazo al caso de Método 3 es unánime entre las agencias consultadas, que no esconden su desprecio a las prácticas que se han dado a conocer en las últimas semanas. "Hay detectives privados vocacionales y empresarios, gente que vive de la explotación. No podemos tener como colaboradores a policías ni traficar con datos y ellos lo saben perfectamente", explicó un responsable de la agencia Avainves.

Desde Detectives Aragón, opinaron que el caso de la agencia catalana "distorsiona la imagen de los detectives. Estamos hablando de una red de espías. Dudo que todos los trabajadores tuvieran el carnet que expide la Policía, ni el título", aseguró el responsable. "Entre los detectives privados españoles no estaban bien vistos los que trabajaban en esa empresa", apostilló.

Los investigadores coinciden en que reciben encargos ilegales, pero los atribuyen al "desconocimiento" de los clientes. "Creen que tenemos acceso a móviles, cuentas bancarias o a pinchar teléfonos --explica Vicente Delgado, director de Inveszar--. Algunos creen que pueden investigar la vida de cualquiera, pero tiene que tener un interés legítimo", explica, sea por relación familiar o comercial. "Les explicas que no se puede hacer y ya está".

El interés legítimo está regulado por ley, pero la ética también juega un papel. Como ilustra el responsable de Avainves, "hay encargos en la franja de dudas del interés legítimo. Por ejemplo, pinchar tu propio teléfono o poner cámaras en tu empresa. Lo puedes hacer, y es una gran tentación económica, pero ahí yo no me meto", asegura.