El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy por unanimidad la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, que supone un avance en el blindaje de los derechos de los colectivos LGTBI de Aragón.
De hecho, en la propia exposición de motivos de la ley elaborada por el Gobierno se reconoce que la norma, que comienza hoy su trámite parlamentario, es "un logro colectivo" de las asociaciones de lesbianas, homosexuales y transexuales, pero también de las instituciones, agentes sociales y entidades que han participado en su elaboración, "y de la sociedad aragonesa en su conjunto".
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, ha demostrado su orgullo por haber podido presentar esta ley, que contribuirá, ha dicho durante su intervención ante el Pleno, a construir "una sociedad mas justa, fortalecer el estado de derecho y reforzar la convivencia democrática".
Broto ha explicado que fueron estos colectivos quienes plantearon la necesidad de ir "un paso más allá" y elaborar una ley en lugar de un plan de igualdad, como era la primera intención, y tras un proceso participativo con 360 aportaciones, vio la luz esta norma, que tiene "carácter transversal" y que pretende abarcar todos los ámbitos del desarrollo de la persona.
"La igualdad tiene un carácter transversal y hay que actuar de manera integral", ha insistido la consejera.
Así, incluye medidas en los ámbitos sanitario (como la elaboración de protocolos de atención a los transexuales o de prevención de enfermedades de transmisión sexual), de empleo (como potenciar la inspección de trabajo para detectar los casos de discriminación laboral) o educativo (como planes de igualdad y de prevención de casos de discriminación en las aulas).
Pero también en el familiar, para garantizar la protección a todos los modelos de familia; el de la comunicación, para impulsar un código deontológico para el tratamiento de noticias relacionadas con estos colectivos; el policial, para desarrollar un protocolo anti delitos de odio, o en de la memoria histórica.
Todas las portavoces que han intervenido han mostrado su total apoyo a la tramitación de la ley, que esperan que durante el debate en ponencia y comisión pueda adecuarse a todas las sensibilidades para que sea aprobada por unanimidad.
La diputada popular Carmen Susín ha defendido durante su intervención que aunque la sociedad española es "abierta, tolerante y respetuosa", todavía, "lamentablemente", hay "actitudes discriminatorias".
La "persistencia de la desigualdad", ha agregado, obliga a seguir hablado de este asunto desde un punto de vista legislativo, pero su deseo es que "pronto" sea "prescindible" una norma así "en muchos de sus preceptos".
Para la socialista Pilimar Zamora, es necesario "renovar" el compromiso del país con la lucha contra la discriminación que, a su juicio, inició el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la ley del matrimonio homosexual.
La ley que hoy se toma en consideración, que no cambiará las cosas "de un día para otro", es sin embargo "un peldaño más" para que sea efectivo "el derecho a ser diferente sin diferencia de derechos".
Desde Podemos, Amparo Bella, ha estimado que esta ley es una cuestión de justicia y de derechos humanos, porque reconoce el derecho a "amar en libertad", pero ha hecho hincapié en que llega "con presupuesto cero" y que durante el trámite parlamentario su formación intentará enmendarla para dotarla de contenido presupuestario.
Por su parte, la diputada del PAR Lucía Guillén ha pedido que durante el trámite parlamentario se pergeñe una ley "valiente", para lo que ha sugerido mirar hacia las comunidades autónomas que ya han promulgado una norma en este sentido, para ver qué se ha hecho bien y qué es lo que funciona y lo que no.
Desirée Pescador (Ciudadanos) ha lamentado por su parte que a pesar de haber evolucionado "mucho", la sociedad no ha sido capaz de solventar el problema de la discriminación LGTBI, y ha advertido de que en este tipo de leyes, que deben de ser "de todos", no caben "sesgos políticos".
Desde el Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA) ha puesto en valor que el Estatuto de Autonomía de Aragón contempla a la igualdad como el eje vertebrador de todas las políticas públicas aragonesas y ha reclamado desarrollar planes de educativos y de sensibilización para conseguir los objetivos de la norma.
