El Gobierno de Aragón descarta recuperar los 17 millones de euros que el Estado recortó en el 2012 en materia de Dependencia en la comunidad y que el Ejecutivo había reclamado al Estado como gesto «de buena voluntad». No será así según dijo ayer la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto. «Parece seguro que no será así después de que en los Presupuestos Generales del Estado se haya incluido un incremento presupuestario para Dependencia de 100 millones para todas las comunidades. No sé cómo será el reparto, pero parece claro que no nos llegarán esos 17 millones que pedíamos», expuso.

Porque la Administración aragonesa esperaba un mayor compromiso del Estado, que el año pasado apenas aportó a Aragón 31 millones cuando el Ejecutivo autonómico asumió 200 a pesar de que la lay establece que la financiación de la Dependencia debe asumirse al 50%. «Queríamos al menos recuperar el recorte sufrido en el 2012 pero parece claro que no va a ser así y que el Estado no va a hacer frente a ese compromiso», lamentó Broto.

De momento, Aragón ha conseguido revertir un tanto los datos de atención a Dependencia, que le situaron entre las comunidades que más había retrocedido en la aplicación de la ley a lo largo de la última legislatura, con el PP al frente.

Por otra parte, el II Plan Estratégico de Servicios Sociales de Aragón 2017-2020, con ocho líneas prioritarias y 66 medidas, apuesta por «facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios sociales a través de la planificación de recursos teniendo en cuenta su distribución en el territorio», según destacó ayer Broto, antes de la reunión del Consejo de Servicios Sociales.

La consejera explicó que el objetivo es «planificar las estrategias y medidas a llevar a cabo para consolidar los servicios sociales del futuro, con la novedad de que va acompañado por un mapa de servicios sociales que representa su dibujo en el territorio».

La consejera apuntó que el plan hace referencia a todo aquello que tiene que ver con los servicios sociales, que este año contarán con su mayor presupuesto y que, «aunque siempre sea insuficiente», ha crecido un 20% en dos ejercicios.

El plan incluye medidas relativas a la aplicación de la ley de renta básica, que espera que se apruebe «próximamente», a la diversidad, la igualdad y la atención a víctimas de la violencia machista.