El departamento de Sanidad regulará la extensión de la cobertura sanitaria universal, de forma que tendrán acceso a toda la cartera de servicios las personas que lo perdieron con el real decreto-ley aprobado por el Gobierno central en 2012, fundamentalmente los extranjeros en situación irregular.

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy que el departamento de Sanidad elabore unas instrucciones que se enviarán a todos los centros de salud, que darán acceso a la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos y que estarán listas a lo largo del mes de agosto, según ha explicado en rueda de prensa el titular de Presidencia, Vicente Guillén.

De esta forma, ha dicho el consejero, el Gobierno cumple con los acuerdos de investidura alcanzados por el PSOE con Podemos, CHA e IU, y recupera el derecho a una sanidad pública, universal y gratuita que establecen la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Aunque el Gobierno no ha hecho un cálculo de cuántas personas se pueden beneficiar de la extensión de la sanidad universal, ha recordado que el decreto del Gobierno de 2012 dejó fuera del sistema a unas 14.500 personas y ha explicado que dado que la tarjeta sanitaria la expide el Gobierno central, lo más probable es que la Consejería de Sanidad facilite tarjetas provisionales.

Ha apuntado que el decreto del Gobierno incluía la asistencia a los extranjeros en situación irregular menores de 18 años, a las embarazadas y en los servicios de urgencias, pero el Gobierno de Aragón la ampliará a todos los casos.

Además, ha indicado que se pueden plantear requisitos de acceso a la sanidad a los extranjeros en las instrucciones, pero siempre que se cumpla el objetivo de que sea universal y gratuito, un aspecto del que dará cuenta la Consejería de Sanidad cuando elabore las instrucciones.

El objetivo es que todo el mundo tenga acceso a la sanidad pública, ha reiterado Guillén, quien ha precisado, respecto a si se suprimirán las cantidades que tienen que pagar los inmigrantes en situación irregular por acceder a determinados servicios, que "así se hará", ya que el Gobierno defiende una sanidad universal y gratuita.

"Esto es una inversión social de la que desde luego nos vamos a sentir orgullosos", ha añadido Guillén, porque es lo que está esperando la ciudadanía y lo que hace a todos "más iguales".

La salud, ha añadido el consejero, es un derecho fundamental pero además, la ciudadanía tiene derecho a tener una sociedad "sana" y lo más efectivo para conseguirla es invertir en promoción de la salud y en prevención de la enfermedad, potenciando la atención primaria para que lo que puede ser un pequeño problema de salud no se convierta en uno grave para el paciente o para quienes le rodean.

Para el Gobierno, esta medida no tiene que verse desde un punto de vista económico, porque es una inversión "y lo que merece la pena es la rentabilidad social" que va a tener, ha destacado Guillén, quien ha apuntado que aunque no se ha cuantificado el coste, será asumible por el sistema "sin ninguna duda".

Guillén ha insistido en que con esta medida, junto con otras acciones en materia de educación o consolidación de los servicios públicos básicos, se cumplen los acuerdos de investidura, fundamentalmente con Podemos, y el Gobierno pone el "foco de atención" en los problemas que tiene la ciudadanía.

Precisamente hoy, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, asiste en Madrid a una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el cual los consejeros de la comunidades autónomas gobernadas por el PSOE solicitarán al Ministerio la derogación del real decreto-ley de 2012.