Los aragoneses serán evaluados de las competencias que ex¡ge la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) pero sin examen. Ese podría ser el título del último capítulo de un enredo marcado por la indefinición de la comunidad y del resto de las gobernadas por el PSOE contrarias a la realización de esta prueba y que ha provocado confusión en el seno de la comunidad educativa.
Porque, a apenas unos días de la realización de esta prueba, la incertidumbre se ha apoderado tanto de centros como de padres al no conocer con exactitud si los niños de este curso tendrán que hacer un examen y, en caso afirmativo, cuáles serán sus características y si será vinculante para establecer la valoración final del curso "No tenemos claro qué va a pasar y nadie nos ha dado instrucciones claras sobre este asunto. Y el tiempo apremia", indicaron ayer desde un centro educativo que aseguraba no saber "qué responder" ante la "continua" demanda de información de las familias.
Según confirmaron ayer fuentes del Departamento de Educación, los aragoneses serán evaluados pero no realizarán examen alguno de reválida. Y eso que la consejera Mayte Pérez no acabó de aclarar del todo la cuestión en una comparecencia ante los medios tras su intervención en el pleno de las Cortes en la que anunció que esta reválida que se hará en Aragón consistirá en una "evaluación de diagnóstico fruto de la evaluación continua que hace el profesorado con sus alumnos", dijo.
EFECTOS DE LA LEY
La conclusión, pues, es que habrá evaluación, pero no examen. La valoración se llevará a cabo, en la primera quincena de junio, a tenor de lo que los estudiantes hayan mostrado durante el curso en las tres competencias que contempla la norma: lingüística, científico-tecnológica y matemática aunque Pérez incidió en que la propuesta de su departamento pretende "minimizar los efectos" de la norma porque la prueba que pretende "es un despropósito que no tiene sentido".
La titular del departamento expuso que "en breve" el departamento elaborará una resolución, que ya están ultimando, con el modelo de informe con el que los docentes tendrán que valorar estas tres competencias y que será remitido a una comisión externa creada por la Administración que estará compuesto por la alta inspección, los servicios provinciales y otro tipo de personas cualificadas.
Estos colectivos emitirán, a su vez, un informe definitivo en el que valorarán las competencias de los alumnos que será remitido, finalmente, a las familias de los escolares.
La consejera de Educación criticó, por otro lado, el "empecinamiento del PP de tener que cumplir la ley", porque "lo lógico" en un ministro "que le interesara la educación" sería que dejara en suspenso esta prueba y evaluara un sistema cuando arrastrara una práctica de años y no "cuatro cursos de LOE --Ley Orgánica de Educación-- y dos cursos de LOMCE como ahora", indicó Pérez.
