La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA, María Victoria Broto, reclamó ayer al Gobierno de España «más compromiso y solidaridad» con los refugiados. En el Día Mundial de las Personas Refugiadas, hizo este llamamiento en la inauguración de la jornada Aragón, por la acogida que organizó la Dirección General de Igualdad y Familias. En ella aseguró que este era un día «para reflexionar y hablar de la necesidad de una mayor compromiso con las personas que sufren la guerra y la violación de los derechos humanos».

«El Gobierno de Aragón ha tenido claro el compromiso con las personas que necesitan refugio y nos sentimos orgullosos de ser la primera comunidad que llevó a cabo un protocolo para coordinar la atención a los refugiados», explicó. Aunque también remarcó que el Ejecutivo aragonés «no está solo» en ese compromiso, cuenta con «la solidaridad de los ciudadanos aragoneses» y el importante trabajo que llevan a cabo las entidades sociales que se encargan de su acogida gracias a los acuerdos con el Gobierno estatal.

Hasta el pasado día 1, un total de 320 personas han sido atendidas dentro del programa de acogida e integración para solicitantes y beneficiarios de protección internacional desde el 2015. Entidades como Accem, Cruz Roja, Fundación APIP y Cepaim son las que gestionan este programa mediante subvenciones directas que otorga el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Este año se han atendido a 128 personas dentro de esta iniciativa en la comunidad autónoma.

El Gobierno de Aragón, por su parte, realiza reuniones trimestrales para comprobar el desarrollo del protocolo de atención a estas personas, que ha sufrido diferentes variaciones para adaptarlo a la situación de los refugiados.

Aragón ha demostrado en numerosas ocasiones su implicación con la crisis humanitaria que viven los refugiados, procedentes de países en guerra y que buscan refugio en Europa. Y es el Gobierno estatal el que está ralentizando su llegada, y al que las administraciones, locales y autonómicas, piden más celeridad.

«Que no caigan en el olvido cuando desaparezcan de los informativos y la agenda política inmediata», rezaba el manifiesto que se aprobó en Zaragoza. La capital reclamó «establecer vías de acceso legales y seguras para las personas que se ven obligadas a huir de sus países de origen».

«La sociedad civil está empujando por que se cumpla el derecho de asilo y el derecho internacional de acogida y en estas situaciones tenemos que estar próximos a la gente y a la defensa de valores que son los derechos humanos», defendió ayer el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve.