La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha firmado hoy con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, la integración de la oficina de esta comunidad en Bruselas en la sede del Ministerio en la capital europea, lo que producirá un ahorro de más de 100.000 euros al año.

Con este traslado, que se hará efectivo a finales de mes, el Gobierno de Aragón ha asegurado que además del importante ahorro que se producirá se "ganará en coordinación" y se sumará así a las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra y Asturias, que ya se han trasladado.

Tras la firma del acuerdo hoy en la sede del Ministerio, la oficina de Aragón en Bruselas estará ubicada en las instalaciones de la Representación Permanente de España (REPER), dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Con esta integración, Aragón fortalece las relaciones institucionales y la cooperación con el resto de comunidades, favoreciendo así la relación institucional y la colaboración entre delegaciones y entre éstas y el Estado.

Según el ejecutivo autonómico, el ahorro será de más de 100.000 euros, ya que actualmente el alquiler de la oficina costaba cerca de 58.000 euros a año, a los que se sumaban otros 54.000 euros de gastos.

En la nueva ubicación, el Ejecutivo autonómico seguirá prestando los mismos servicios que hasta ahora, de manera que se mantendrá la delegación con las dos personas que allí trabajan y que suponen un gasto de más de 120.000 euros al año.

El Gobierno de Aragón recuerda que en 2010 había trabajando en la oficina en Bruselas 6 personas y en total el gasto de personal y de gastos corrientes era de casi 600.000 euros al año, por lo que ahora el coste se aminora en un 80 por ciento respecto a hace cuatro años.

En declaraciones a los medios, Rudi ha explicado que el cambio de la ubicación de la oficina no se ha podido efectuar hasta ahora debido al contrato blindado que había sobre el alquiler del edificio en el que se ubicaba hasta ahora la oficina.

El contrato tenía vigencia hasta 2017 y podía rescindirse sin penalización únicamente cada tres años.

Según el Gobierno de Aragón, la oficina del ejecutivo autonómico en Bruselas sirve de puente entre los aragoneses y Europa y la representación institucional que se lleva a cabo en ella "resulta clave para la defensa de los intereses aragoneses en las decisiones de las instituciones europeas, ya que así se asegura una correcta y fluida vinculación entre la comunidad y los representantes de la Comisión Europea, el Parlamento y el Gobierno central.