El Gobierno de Aragón ha concertado en lo que va de legislatura 500 plazas más en centros y residencias para personas con discapacidad. Así lo anunció ayer la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, quien asistió al homenaje que rindió la Fundación Disminuidos Físicos de Aragón al que fuera su presidente José Miguel Monserrate. También estuvo el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya.

Broto señaló que este y otros datos son una muestra de que «se está trabajando» siguiendo los «deseos» de José Miguel Monserrate, recordó, porque se hace «con y por las entidades de Aragón que trabajan con las personas con discapacidad», puntualizó la consejera.

«El Instituto Aragonés de Servicios Sociales atiende ya diariamente a cerca de 6.000 personas con discapacidad, incluyendo a los niños que se benefician del programa de atención temprana», explicó Broto. Esta atención, detalló, supone que el Gobierno de Aragón ha incrementado esta legislatura su presupuesto destinado a las personas con discapacidad en 5 millones, pasando de 39 millones a 44.

«El mejor homenaje que podemos hacer a José Miguel Monserrate es trabajar por y con las personas con discapacidad y siempre avanzando en la consecución de la igualdad», dijo en un emotivo discurso ante decenas de usuarios, autoridades y representantes de otras entidades sociales de la comunidad que quisieron acompañar a Fundación DFA en este acto.

En el transcurso del mismo, el edificio de referencia que tiene la entidad en Vadorrey ha pasado a denominarse Josemi Monserrate, según informó DFA. Asimismo, se descubrió una escultura en recuerdo al legado del artista.

El incremento de plazas concertadas en Aragón fue valorado esta semana en el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios, unido al aumento de la inversión en servicios sociales en un 20% en dos años. Sin embargo, los datos siguen siendo insuficientes porque se destaca como «déficit importante» que el porcentaje de plazas residencias públicas ha bajado ligeramente entre el 2013 y el 2015.

También se critica en este documento la baja cobertura del servicio de atención a domicilio y la teleasistencia, «muy por debajo» de la media nacional. El dato más positivo se da en el incremento en la aplicación de la dependencia, pero todavía hay casi un 30% de personas reconocidas que no reciben prestación.