La crisis económica ha contribuido a vaciar Aragón. En el periodo comprendido entre el 2008 y el 2015, la comunidad ha perdido casi 20.000 habitantes, según un informe sobre la evolución demográfica presentado ayer por el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente. «La despoblación es hoy el problema más grave, a medio y largo plazo, al que se enfrenta la comunidad», subrayó el Defensor del Pueblo aragonés, que advirtió que la pérdida de habitantes «compromete» el peso de Aragón en el conjunto de España.

La disminución de residentes, que afecta a otras comunidades españolas y al conjunto de Europa, y la forma de atraer nuevos pobladores constituyen los ejes sobre los que gira el informe La despoblación en Aragón 2000-2016: tendencias, datos y reflexiones para el diseño de políticas, que ha sido elaborado para la institución del Justiciazgo por Vicente Pinilla, director del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR).

Este documento, que complementa a otro realizado en el 2000, se ha elaborado con la intención de ver el resultado de las medidas implantadas desde comienzos de siglo para frenar la despoblación. Y constata que, en los años más duros de la recesión, se marcharon de las tres provincias más de 4.000 inmigrantes, al tiempo que otras 16.000 personas fallecieron, una cifra consecuencia del elevado grado de envejecimiento.

La crisis económica puso fin a una etapa de fuerte crecimiento demográfico, dado que Aragón había ganado 137.009 habitantes entre los años 2000 y 2008, lo que suponía un incremento de más del 11%, un porcentaje «más propio de un país subdesarrollado» con altas tasas de natalidad que de un miembro de la Unión Europea, según García Vicente.

En la actualidad, la comunidad se halla instalada en un proceso de crecimiento vegetativo negativo, agudizado por la marcha de jóvenes en busca de empleo.

PROTAGONISMO LOCAL // Vicente Pinilla defendió que el enfoque de las políticas para frenar la despoblación debe tener también una vertiente «filosófica». En este sentido, se preguntó si se debe combatir la despoblación. Y respondió que, en cualquier caso, el protagonismo de las medidas que se pongan en marcha «deben partir de los habitantes del territorio, de abajo hacia arriba».

Pinilla subrayó el legítimo derecho a la elección del lugar de residencia y calificó de «utópica» la equiparación entre las ciudades y las zonas rurales. Pero recalcó que, «al menos, estas tienen que tener cubiertos aspectos como los servicios médicos, la educación y la accesibilidad».

El Justicia y el responsable del CEDDAR enumeraron una serie de medidas que, desde su experiencia, contribuirán a hacer más atractivos los territorios que pierden población».

Aparte de «contar con las poblaciones locales», incidieron en la adopción de medidas que favorezcan la permanencia de la mujer, las ventajas fiscales para emprendedores y la potenciación de los recursos endógenos.

Pinilla, a este respecto, señaló que las «pequeñas iniciativas», como la apertura de un hotel rural, tienen gran incidencia en el empleo. «Se trata de buscar en qué se es competitivo y en diversificar los recursos» para reducir los riesgos.

El autor del estudio apostó por una distribución adecuada de los servicios en el territorio, «pues no es posible tener de todo en todos los sitios». Pero precisó que tiene que garantizarse el acceso a los mismos mediante unas buenas comunicaciones.

Pinilla relativizó el problema al explicar que afecta a toda Europa, a lugares como el centro de Francia y el este de Alemania. Claro que indicó que también existen zonas que ganan habitantes, como el Midi francés y las Tierras Altas de Escocia.