El alquiler de vientres o la trata con fines de explotación sexual y prostitución se incluyen, a partir de ahora, entre las formas de violencia contra las mujeres en Aragón. Así lo indica el nuevo Plan Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en la comunidad 2018-2021 presentado ayer por la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Natalia Salvo, y al que se destinan más de 13 millones de euros.
El plan recoge entre las medidas que se van a acometer durante el periodo de vigencia del plan «realizar acciones de sensibilización frente a la explotación reproductiva de las mujeres y los vientres de alquiler, a fin de concienciar a la sociedad de los efectos negativos de estas prácticas para todas las mujeres». Para ello, designa como organismos responsables el IAM y entidades sociales. «Es una práctica que sitúa a la mujer en especial vulnerabilidad y tiene riesgos perniciosos en tanto en cuanto mercantiliza su cuerpo y, por tanto, afecta a todas las mujeres», expuso Salvo.
Entre estas formas de violencia también se incluyen los malos tratos físicos y psicológicos, violencia y agresiones sexuales, acoso sexual o la mutilación genital femenina. Además, el plan reconoce a los hijos de víctimas directas de la violencia sobre las mujeres, con actuaciones específicas destinadas a ellos, y refuerza la coordinación y la respuesta institucional.
85 MEDIDAS
El plan, que contiene un total de 85 medidas en tres líneas estratégicas (sensibilización y prevención, atención integral y coordinación y gestión pública), también recoge actuaciones para abordar la violencia contra las mujeres a través de nuevos medios como las redes sociales.
Salvo también presentó el protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a las víctimas, que no se había revisado desde hace una década. «Hablamos del más avanzado de España, asegura el acompañamiento integral de las mujeres víctimas de la violencia y de sus hijos antes, durante y después de la denuncia y sitúa a Aragón como la única comunidad en disponer de un protocolo en materia de violencia contra mujeres con discapacidad», destacó Salvo. En todo caso, este último apartado ya se incluye en el Pacto de Estado contra la violencia de género elaborado desde el ministerio.
El protocolo se ciñe al concepto de violencia de género recogido en la Ley Orgánica del 2004 que hace alusión a la violencia ejercida contra una mujer en el seno de una relación afectiva, es decir, que el agresor es su pareja o su expareja. En él destaca la incorporación del ámbito educativo con diversas medidas de prevención, un protocolo de actuación interno ante situaciones de violencia y actuaciones a implementar con alumnas víctimas, alumnos victimarios, profesorado y familias.
En el ámbito sanitario se establece una pauta homogénea de actuación ante estas situaciones en el Salud y que incluye medidas específicas para mujeres embarazadas, inmigrantes, con VIH, mayores o del medio rural.
El judicial regula la orden de protección, la oficina de asistencia, las notificaciones a la víctima y los puntos de encuentro y el relacionado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hace hincapié en la coordinación entre Policía Nacional y Guardia Civil en todas las fases de la denuncia y el atestado y en lo relativo a la valoración del riesgo.
Por su parte, en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se recogen las actuaciones de coordinación entre todos los cuerpos policiales, así como la comunicación entre ellos y con el poder judicial o la derivación a los servicios sociales, en cuyo ámbito se incluye la colaboración con el resto, información sobre todos los recursos existentes en la comunidad en materia de atención psicosocial integral a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos, así como la atención especializada a mujeres vulnerables.
