El Gobierno de Aragón ha ingresado 9.700.000 euros en los dos últimos años por venta de patrimonio, realizada en siete subastas, y ya hay convocadas otras dos antes de que acabe el año, una de ellas por valor de 2,8 millones.

Estos datos han sido aportados hoy por la directora general de Contratación, Patrimonio y Organización del Ejecutivo autonómico, Asunción Casabona, en la comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón, durante una comparecencia a petición del consejero del ramo, Javier Campoy, para informar de la política en venta de inmuebles.

En total, desde 2012 hasta la actualidad se han ingresado 9,7 millones de euros por venta de patrimonio, de los que 9,5 han sido por bienes del Gobierno de Aragón, de ellos 7.563.000 euros por la subasta en junio de un edificio del Paseo Independencia, mientras que 118.000 euros proceden de herencias, de personas que han fallecido sin hacer testamento, ha informado Casabona.

Han sido en total siete subastas, cinco de inmuebles y dos de vehículos, ha explicado la directora general.

Asimismo, ha informado de que el 29 de octubre se efectuará otra subasta, con treinta lotes (tres de bienes de la Administración y 27 de herencias), por un precio de licitación de 2,8 millones de euros, y está prevista otra en el mes de diciembre.

Según Casabona, la venta de patrimonio supone ingresos directos a la Comunidad autónoma, además de la reducción de costes de mantenimiento, IBI, seguridad o limpieza, un gasto que se puede destinar a la prestación de servicios públicos esenciales, como sanidad, educación o servicios sociales.

En este sentido, ha informado de que en el caso del inmueble del Paseo Independencia, sede de la Dirección General de Tributos, que salió a la venta por 4,9 millones y finalmente se vendió por 7,5, tenía unos gastos de mantenimiento en torno a 180.000 euros al año, que ahora no se van a gastar y supondrá un ahorro importante.

También se ha referido a los terrenos que tiene el Gobierno aragonés en las plataformas Logística de Zaragoza (Plaza) y del reciclado (PTR), en la capital aragonesa, que ascienden a 860.000 metros cuadrados entre las dos, con un gasto de mantenimiento en torno a 300.000 euros anuales en cada una de ellas.

De ahí, ha agregado, que hagan una política de venta de patrimonio para desprenderse de parcelas como las de Plaza o PTR que no están destinadas a la prestación de servicios públicos y estaban pensadas para favorecer la implantación de empresas y la creación de puestos de trabajo, pero en la situación actual sólo asumen gastos "muy importantes de mantenimiento, que son inevitables".

Para la venta de patrimonio, además de que sean bienes "más o menos atractivos, pero son los que son y eso no lo podemos cambiar", se trata sobre todo de la política de precios, ha dicho.

En este punto la consideración es mantener un equilibrio, que a veces es complicado, entre "los precios que sean atractivos" pero a la vez "en ningún caso se plantea malvender patrimonio", es decir, el precio se tiene que establecer con arreglo a criterios de mercado en el momento en el que los sacan a la venta, ha explicado la directora general.

"No podemos bajar los precios a unas cantidades que sean inferiores a las de mercado y que hagan que estemos malvendiendo el patrimonio y vendiéndolo por debajo de su valor", ha afirmado.

Todas las ventas que se están haciendo, ha agregado, se someten a un procedimiento de subasta pública, mediante pujas, y son los propios interesados los que establecen en última instancia el precio de esos bienes.

Ha reconocido que la venta de patrimonio del Gobierno de Aragón "no puede ser la solución" a la situación económica de la Comunidad ni a todos sus problemas, pero contribuye a ello, por lo que seguirán, en la medida de sus posibilidades, con esa política para conseguir ahorros, procurar ingresos y aportar un "pequeño granito de arena".

Se trata en opinión de Casabona de "no cargar con patrimonio que sea muy gravoso y desprenderse de aquello que no sea necesario para la prestación de servicios públicos".

La diputada socialista Ana Fernández ha señalado que no es el mejor momento para vender y ha puesto como ejemplo el inmueble del Paseo Independencia, que salió a subasta por 4,5 millones, y que ha considerado una "mala venta", ya que además ofrecía servicio a los ciudadanos.

Además, ha agregado Fernández, el hecho de vender patrimonio no significa que mejoren los ingresos y tampoco resuelve ninguno de los problemas que tiene la Comunidad.

Para Adolfo Barrena (IU), con esta política el Gobierno sólo pretende "recaudar" y "ajustar" las cuentas, mientras que José Luis Soro (CHA) ha rehusado intervenir al considerar que han pedido cuatro comparecencias en esta comisión, dos de ellas de esta formación, y no se han sustanciado.

Antonio Ruspira, del PAR, ha estado de acuerdo con la enajenación de patrimonio público porque "donde no hay ganancia, pérdida segura", y si no es rentable hay que venderlo, siempre respetando las limitaciones jurídicas que ha dicho no entender.

Ha animado a la directora general a que se venda "todo lo que se pueda vender", ya que ojalá fueran 900 millones en lugar de 9,7, y ha subrayado que al PAR no le vale la política de precios, por lo que ha agregado que se debería subastar "a la baja" teniendo en cuenta que "el precio de mercado ya no existe".

Mientras que Jorge Garasa, del PP, ha destacado que con estas operaciones se eliminan los gastos ineficientes y hacen que la Comunidad pueda continuar sin subir impuestos.