El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), destinará 3,8 millones de euros para subvencionar cuatro convocatorias para el estímulo del mercado de trabajo y la integración laboral de personas discapacitadas, con las que pretenden crear 1.000 nuevos empleos.
Las convocatorias, que aparecieron en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el pasado 22 de julio y que han sido presentadas hoy por el consejero de Economía y Empleo de Aragón, Francisco Bono, y el director gerente del Inaem, Jorge Escario, están divididas en cuatro programas.
El primero está encaminado al fomento del empleo y el estímulo del mercado de trabajo para trabajadores mayores de 45 años, menores de 30 y parados de larga duración, y es la convocatoria con más cuantía, con 2.350.000 euros.
Las ayudas, que pueden ser solicitadas por cualquier empresa, oscilan entre los 1.800 y los 4.000 euros y, como novedad, en esta convocatoria se incluyen también los contratos temporales, siempre y cuando tengan una duración mínima de un año, así como los contratos en prácticas y de formación y aprendizaje y con jornadas a tiempo parcial no inferior al 50 por ciento que una estándar.
El objetivo es, según Escario, "que la contratación se agilice", para lo que han interpuesto "las mínimas trabas posibles".
El segundo programa, que pretende fomentar la contratación de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario, incluye, además de indefinidos y temporales, la transformación de contratos temporales en indefinidos, adaptaciones en los puestos de trabajo para dotarlos de equipos de protección y eliminar barreras u obstáculos, y ayudas para trabajadores procedentes de los llamados enclaves sociales -de los Centros Especiales de Empleo (CEE) a las empresas-.
El tercero, que nace de un acuerdo de la Mesa de la Discapacidad, está destinado al apoyo de la actividad profesional de los CEE y, con una dotación de 550.000 euros, está previsto que contribuya al empleo de unos 100 trabajadores, entre personal técnico y encargados de apoyo a la inserción, que dan servicio a más de 700 discapacitados con especiales dificultades de inserción.
Los requisitos para acceder a estas ayudas son un grado de discapacidad mayor del 33 %, con especial énfasis en los que presentan un grado de discapacidad física o sensorial superior al 65 %, así como afectados por parálisis cerebral, enfermedades mentales o algún tipo de discapacidad intelectual, los cuales, por ejemplo, podrán contar durante un año más con estos equipos profesionales.
Por último, con una partida de 400.000 euros, se subvencionarán inversiones por inmovilizado en los CEE, con un tope de 12.000 euros por trabajador y de 50.000 por centro.
Estas ofertas, aunque es la empresa quien tiene en todo caso la decisión final, se han de canalizar siempre a través del Inaem, que prevé que se consuman al cien por cien, y se podrá aplicar con carácter retroactivo a los contratos formalizados desde el 9 de mayo al 30 de septiembre, excepto en las ayudas a la discapacidad, en las que la retroactividad se amplía hasta el 1 de octubre de 2013.
Así, Bono ha señalado que estas medidas son una muestra de la voluntad del ejecutivo autonómico en la reducción del desempleo y suponen ir "un paso más allá" en la integración de las personas discapacitadas a través del trabajo.
En este sentido, ha querido recalcar que estos programas no han de considerarse desde "el punto de vista benéfico", sino desde el punto de vista social y de la integración.
Asimismo, el consejero ha reiterado que los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) confirman -"con las puntas que haya en diferentes meses"- una "consolidación en la senda del empleo", aunque ha reconocido que no se produce "con la velocidad que todos desearíamos".
