El Gobierno de Aragón creará antes de final de año una Unidad de Valoración Integral Forense (UVIF) de Violencia de Género en la comunidad, siendo pionera en hacerlo en España y siguiendo con ello las prescripciones del Pacto de Estado sobre el particular, actualmente en manos del Congreso. Así lo anunció ayer la directora general de Justicia e Interior del Ejecutivo autonómico, Mª Ángeles Júlvez, durante la presentación de una jornada sobre violencia machista celebrada en la sede del Gobierno de Aragón.

Para la creación de este organismo, la DGA aprobará la creación de tres nuevas plazas de médicos forenses, una por provincia, para reforzar un servicio que prestarán numerosos profesionales. Según destacó el Gobierno aragonés, es la primera vez que se abre la posibilidad de crear nuevas plazas de forense desde que se asumió la competencia autonómica en esta materia.

Según el calendario que manejan, el Consejo de Gobierno de la próxima semana aprobaría ya la creación de las plazas, que aparecerían publicadas en el BOA antes de final de mes, de forma que la UVIF pudiera estar funcionando antes de final de año. Actualmente, los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) ya trabajan con jueces, fiscales y demás operadores jurídicos en los protocolos que guiarán el funcionamiento de esta unidad.

RIESGO

El objetivo fundamental de este órgano es la elaboración de informes sobre la situación de una víctima en el ámbito intrajudicial (una vez que el caso está en el juzgado), a petición del juez que instruya el caso. Esto es vital para definir el riesgo en el que se encuentra la mujer, y evitar desajustes que, como se ha comprobado reiteradamente, pueden ser fatales. Para ello colaborarán forenses, psicólogos y educadores y trabajadores sociales. En realidad se pretende mejorar esta colaboración, incluso con un plan de formación específica en violencia de género para todos ellos.

En este sector, y para los juzgados de familia, la plantilla también será reordenada y se ha incrementado con un trabajador en Zaragoza y sendos psicólogos en Huesca y Teruel.

A esto se une, recordó Júlvez, la convocatoria de ayudas a los municipios que creen unidades específicas de violencia de género en sus policías locales, así como el complemento salarial para los funcionarios de los juzgados de violencia de género aprobado el pasado verano, largamente demandado por los sindicatos.

Así lo aseguró la directora general de Justicia en una jornada que contó con la participación de múltiples especialistas, entre los que destacó la presencia de la presidenta del Observatorio de Violencia de Género -y vocal del Consejo General del Poder Judicial-, María Ángeles Carmona.

Esta reconoció que «todos» los asesinatos por violencia de género son «un fallo del sistema», tanto si ha habido denuncia previa como si no. Carmona consideró particularmente un error «garrafal» los primeros, y subrayó que «en este país no nos podemos permitir más muertes por violencia de género».

De ahí que incidiera en la necesidad de coordinación de todos los sectores implicados, lo que se pretendía con la jornada de ayer, que versó sobre el sistema de valoración de riesgo, la experiencia forense y la sanitaria. Particularmente vital esta última, ya que a menudo la profesionalidad de los sanitarios es la que puede llevar un caso al juzgado si la víctima no quiere denunciarlo.