El Gobierno de Aragón está decidido a plantar cara al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. No habrá nuevos recortes, ni impuestos, ni copagos. El portavoz del Ejecutivo, Roberto Bermúdez de Castro lo dejó ayer meridianamente claro. Ante la amenaza de medidas de contención para todas las comunidades, la DGA dijo no. Insistió en que se seguirá en la misma línea que hasta ahora: "la venta de patrimonio, la reducción de gastos financieros y la mejora de la recaudación".
Bermúdez de Castro no se mordió la lengua a la hora de valorar un documento que tienen todas las comunidades autónomas --en realidad un Excel-- con propuestas de ajustes elaboradas por todas las autonomías. Figuran nuevos copagos sanitarios, que el consejero tachó de "extemporáneas" --más aún a pocos meses de las elecciones--, y que se tratarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la semana próxima.
"Son ocurrencias que a día de hoy no tienen cabida", remachó Bermúdez de Castro, quien indicó que no sabían de su existencia ni él ni el resto del Gobierno, salvo el consejero de Hacienda, Javier Campoy, quien les explicó ayer que se trata de una "tormenta de ideas", algunas "más salvajes" y otras "más normales".
"Aquí no se aplicarán, ni aquí ni en ningún sitio", remarcó. "Nosotros no nos movemos de venta de patrimonio, de bajada de gastos financieros y de mejora de recaudación" y todo lo demás, aseveró, "el Gobierno de Aragón no lo llevará a cabo".
Desde la consejería de Hacienda emitieron un comunicado en el que explicaron que el Gobierno de Aragón está participando, junto al resto de comunidades, en un grupo de trabajo que se constituyó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera para proponer medidas que contribuyan a racionalizar el gasto en el sector público y mejorar el funcionamiento de la Administración. Parecido a la unidad de control que ya funciona aquí, y que ha puesto en marcha Campoy.
Insistieron desde Hacienda, que el Gobierno de Aragón valora positivamente aquellas medidas encaminadas a racionalizar el gasto corriente y optimizar la recaudación. Por el contrario, desde el Pignatelli se rechaza todas aquellas medidas que afecten a los servicios públicos de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. "Nosotros estamos cumpliendo con el plan económico-financiero que propusimos al ministerio. De hecho se ha alcanzado ya el 50% del paquete de medidas, así que consideramos que no es necesario implementar nuevos ajustes", explicó el consejero Javier Campoy, que pronosticó una desaceleración del crecimiento del déficit para los próximos meses.
