Aragón defendió ayer "un mayor control del dinero público" en materia de dependencia, además de primar los servicios frente al denominado sueldo del cuidador, una prestación recogida en la ley como excepcional, pero que en la comunidad supone el 61% del total. Todo ello en el seno del consejo territorial de servicios sociales en el que el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales recriminó a las autonomías sus desfases en las bases de datos de la dependencia.

Sobre todo por la contabilización de dependientes ya fallecidos, por los que las comunidades han estado cobrando --el Estado paga el 50% y las autonomías la otra mitad-- a pesar de que, obviamente, estas prestaciones no se estaban dando. Esta ha sido precisamente una de las príncipales críticas del actual Ejecutivo del PP al Gobierno del PSOE en materia de dependencia, al que achaca un desfase de 7.304 personas por las que la DGA ha tenido que devolver al Estado más de 14 millones de euros cobrados.

Por eso, indicaron fuentes de la Consejería de Sanidad, Aragón llegó ayer al consejo "con los deberes hechos", es decir, con una base de datos ya depurada. Sin embargo, estos fallecidos siguen lastrando los balances globales que realiza el observatorio de la dependencia y que, según Servicios Sociales, castigan a la comunidad al contabilizar la salida del sistema de los dependientes muertos.

De este modo, Aragón sería la comunidad que más ha empeorado sus datos según el último dictamen realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, que asegura que se ha perdido casi un 17% de dependientes atendidos en el último año. La comunidad con una cifra más alta de salidas del sistema de dependencia, según el informe.

Fuentes del Departamento de Servicios Sociales justificaron estas cifras, sin embargo, por la contabilidad de los fallecidos. Según indicaron, en junio del 2011 se dieron de baja 3.021 dependientes muertos y, a finales del 2012, salió de la lista otra remesa de 3.933. A estos hay que sumar otros 350 casos detectados por el Tribunal de Cuentas, lo que hace un total de 7.304 de dependientes fallecidos.

"Nos parece totalmente coherente que el ministerio quiera ordenar la recogida de información de la dependencia, entre otras cosas porque se hace eco del Tribunal de Cuentas", indicó Oliván.