Aragón no está totalmente conforme con el actual reparto de fondos para el plan de gestión de residuos estatal y trabajará para su modificación en los próximos meses. El consejero de Desarrollo Rural de la DGA, Joaquín Olona, propuso ayer modificar sustancialmente el sistema de transferencia de fondos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en esta materia por un modelo «plurianual» con un visión «más estratégica». En todo caso, la comunidad recibirá de un millón de euros para mejorar vertederos.
El debate fue planteado por el Gobierno de Aragón en la conferencia sectorial de Medio Ambiente que se celebró ayer en Madrid presidida por la ministra del ramo, Isabel García Tejerina. En ella también se abordó la biodiversidad.
El consejero Olona propuso que el ministerio adopte para próximos ejercicios «un enfoque plurianual y más estratégico que evite las dificultades de gestión del actual sistema basado en proyectos y actuaciones puntuales». También precisó que para garantizar la igualdad entre los territorios sería necesario «tener en cuenta las limitadas cuantías distribuidas en estas materias».
CANTIDADES LIMITADAS
De hecho, en referencia a la gestión de residuos, a los aragoneses les corresponde un millón de euros, tal y como se informó a cada uno de los territorios en la conferencia sectorial. «Más allá de las cantidades, teniendo en cuenta que son limitadas, es más importante la contribución y el enfoque estratégico que deben tener esos importes que la cantidad en sí», expresó Olona. En total está previsto el reparto de más de 16 millones de euros para garantizar el tratamiento biológico de los vertederos con proyectos que reduzcan sus emisiones asociadas.
En esta reunión, la ministra García Tejerina también presentó un borrador de anteproyecto de la nueva Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y detalló siete nuevas especies que han sido declaradas en situación de riesgo crítico. Estuvieron físicamente presentes los representantes de la Comunidad Valenciana, La Rioja, Extremadura y Aragón, mientras que los de Baleares, el País Vasco, Andalucía y Cantabria se sumaron a la misma a través de videoconferencia.
