Aragón recurrirá en los tribunales el cómputo del déficit de 2013

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy a la Dirección General de Servicios Jurídicos a ejercer acciones judiciales una vez desestimado por parte del Estado el requerimiento previo que presentó en abril el Ejecutivo autonómico, según ha informado hoy el consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, en rueda de prensa.

Dado que el Ministerio de Hacienda ha rechazado el requerimiento para la corrección del cómputo, el siguiente paso es recurrir en vía contencioso-administrativa como había anunciado ya el Gobierno de Aragón, ha destacado Bermúdez de Castro, quien ha indicado, respecto a si los ajustes que el Gobierno de Aragón ha tenido que hacer por el exceso de déficit pueden ser reversibles, que es un trámite judicial más y "no va a influir en nada a corto plazo".

El Gobierno de Aragón ha tomado esta decisión al no haber llegado a ningún acuerdo con el Ministerio de Hacienda para defender lo que entiende que es bueno para la Comunidad, ha aseverado el consejero.

Así, el Ejecutivo aragonés, al discrepar del cálculo del déficit del pasado ejercicio, solicita la aplicación de las mismas reglas contables que se aplican a la Administración del Estado que permiten, según el Ejecutivo aragonés, "un reflejo más fiel de las finanzas de la Comunidad".

El Gobierno de Aragón considera que el informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria no consideró correctamente las reglas de gasto y devengo, al aplicar principios contables distintos a la Administración del Estado y a la autonómica, bien por computar periodos que quedan fuera del ejercicio económico, bien por no atender a la realidad del ingreso de algunas cantidades.

En concreto, en el capítulo de ingresos, el informe omite 96 millones de "recaudación incierta", correspondientes a tributos liquidados por esta Administración en el ejercicio 2013; y 23 millones de transferencias del Estado por fondos procedentes de la Unión Europea, que la Comunidad Autónoma tenía devengados en 2013 pero que el Estado contabilizó en enero de 2014.

Por otro lado, en el capítulo de gastos, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) imputó a Aragón trece meses de gasto farmacéutico en vez de los doce que corresponden al año natural de 2013, por un cambio metodológico durante el pasado ejercicio.

Los argumentos jurídicos del Gobierno de Aragón se basan en solicitar la aplicación de las reglas contables contenidas en los reglamentos, para mostrar una imagen fiel de las finanzas de la administración autonómica, sin reclamar ningún tipo de exención o regla excepcional.

De esta forma, la Dirección General de Servicios Jurídicos defenderá que la mecánica de aplicar reglas de cómputo de déficit distintas para la administración del Estado y las CCAA "choca frontalmente con el criterio de igualación de los 'privilegios' o 'beneficios' que se recoge en el artículo 103.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón que, como Ley Orgánica, es una Ley estatal".

Además, esta equiparación está ya indicada en el artículo 13 de la Ley de Proceso Autonómico, Ley 14/1983, que señala la aplicación a las CCAA del régimen presupuestario estatal mientras el Estado no dicte una norma específica sobre criterios y reglas aplicables a las CCAA, que se debería de aprobar previa consulta y participación de las mismas.

Por otra parte, preguntado por la estimación de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) de que Aragón cerrará el año con un déficit del 2,2 %, lejos del objetivo del 1% del PIB, Bermúdez de Castro ha aseverado que "en ningún caso" se va a llegar a esa cifra.

Ha remarcado en que el Gobierno de Aragón va a hacer todo lo posible por seguir la senda de la consolidación fiscal y conseguir reducir el máximo el dato de déficit de la Comunidad y ha asegurado que en ningún caso se van a tomar "medidas extremas como han tomado otras Comunidades Autónomas para cumplir el déficit sí o sí", como cerrar hospitales o centro educativos.