Aragón volverá a tener severas dificultades para cumplir con el objetivo de estabilidad al final del año después de que ayer se conociera que el déficit de la comunidad subió hasta junio a los 279 millones de euros. Este desajuste supone el 0,77% del PIB, y sobrepasa en casi dos décimas el 0,6% que se estableció como tope máximo permitido para acabar el año.

El mal comportamiento de las arcas públicas autonómicas no es una excepción, ya que el dato ha sido malo en un buen número de comunidades autónomas, debido a los menores anticipos a cuenta del sistema de financiación. En el conjunto de las autonomías, el déficit en los seis primeros meses del año fue de 8.362 millones, un 16,9 % más, lo que equivale al 0,72 % del PIB, debido a esos menores anticipos a cuenta del sistema de financiación, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El déficit de Aragón para la primera mitad del año supera en veinte millones de euros la cifra del periodo del 2016, que fue de 259 millones (el 0,75 % del PIB). De este modo, y si en el segundo semestre del año no hay un ajuste que permita equilibrar las cuentas (y suele ser al contrario, ya que las administraciones públicas suelen tener más compromisos de pago a final de año) el Gobierno de Aragón deberá someterse a nuevos controles del gasto y a elaborar un nuevo plan financiero de ajuste. Además de esta medida, es más que probable que la caja se cierre en las próximas semanas.

Todas las autonomías presentaron déficit hasta junio, con hasta el 1,26% del PIB en el caso de Extremadura y del 1,16% en el de Murcia. Siete comunidades acumulan un mayor déficit que Aragón en este periodo (Extremadura, Murcia, Cantabria, Valencia, Castilla-La Mancha, Cataluña y Andalucía). La que obtuvo un mejor resultado, con un déficit del 0,01%, es el País Vasco, comunidad que no se encuentra en el régimen común de financiación.

El déficit del conjunto de las administraciones públicas -excluidas las corporaciones locales, cuyos datos aún no se conocen- sumó en el primer semestre del año 26.982 millones de euros, una cifra que equivale al 2,32% del PIB y que es un 19,5% inferior al del mismo periodo de 2016. De acuerdo a los datos de ejecución presupuestaria publicados hoy por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el déficit público una vez incluido el saldo neto de las ayudas a instituciones financieras (de un importe negativo de 344 millones) asciende a 27.326 millones, un 2,35% del PIB.

Por subsectores, el déficit de la administración central entre enero y junio se situó en 12.721 millones --incluida la ayuda financiera--, un 40,9% menos que hace un año y equivalente al 1,09% del PIB estatal.

El Estado registró un déficit de 12.773 millones en este periodo -un 40,6 % menos, debido fundamentalmente a las menores transferencias a otras administraciones- mientras que los organismos de la administración central se anotaron un superávit de 52 millones, frente al déficit de 2016. En la primera mitad del año, los fondos de la Seguridad Social redujeron un 5,2% su déficit, hasta 6.243 millones, lo que equivale al 0,54% del PIB.

El sistema de la Seguridad Social disminuyó un 3,4% su déficit, a 7.661 millones, mientras que el Servicio Público de Empleo Estatal registró un superávit de 1.404 millones, un 6,8% inferior al del 2016, y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pasó de déficit a superávit.

En estos seis meses, el conjunto de las administraciones -salvo las corporaciones locales- ingresaron 189.117 millones, un 4,5% más, mientras que los gastos crecieron un 0,1%, hasta 216.443 millones. El objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas es del 3,1% del PIB este año.