El Ministerio del Interior quiere tener resuelto este año el acuerdo con las comunidades autónomas, entre ellas Aragón, para el traspaso de la sanidad penitenciaria, una competencia que ahora solo ejercen Cataluña y el País Vasco. Para poder avanzar en este acuerdo, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, remitió a finales de marzo una carta a los consejeros de Sanidad de las otras quince comunidades autónomas para que «a la mayor brevedad posible» dieran los pasos pertinentes para abrir la negociación. Y la DGA es una de las tres que ya ha contestado.

En este sentido, Aragón, con una población penitenciaria de 3.300 reclusos, se ha pronunciado por abrir el diálogo y ha mostrado su disposición a abordarlo en la comisión bilateral con el Estado, según fuentes de Interior.

Se trata de una patata caliente que en la anterior legislatura, con el PP y el PAR al mando del Gobierno autonómico, se rechazó por el temor existente a que la nueva competencia no llegara acompañada de su correspondiente fuente de financiación.

Este problema de base sigue vigente en la actualidad. El Gobierno de Lambán estaría dispuesto a aceptar esta transferencia que, en realidad, ya se está ejerciendo, pues hace varios años que los presos enfermos se trasladan al módulo penitenciario del hospital Miguel Servet cuando así lo requiere su patología. Pero que, tal y como se valoró recientemente, le supone 1,5 millones de euros anuales hacerlo. Es, además, la cantidad adeudada por el Estado a la comunidad aragonesa por el concepto de la sanidad penitenciaria dispensada en centros hospitalarios del Salud, sin incluir el coste del tratamiento de la hepatitis C, que no ha pagado desde el año 2012.

DEUDA PENDIENTE // El pasado mes de octubre, el director general de Asistencia Sanitaria, Manuel García Encabo, explicó en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón que los servicios estatales «ni aceptan ni hacen efectivo el pago» que le corresponde percibir a la comunidad autónoma.

«La cuestión central es ver cómo se financia, la forma que reviste el pago del coste económico», señalaron ayer desde la Consejería de Sanidad, que subrayó que no ha habido cambios ni novedades recientemente.

Para el sindicato Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), la asunción de la competencia de la sanidad de las cárceles tendría sentido si se cumplieran varios requisitos.

«Para empezar, las enfermerías de los centros penitenciarios de Aragón deben tener personal suficiente», señaló un portavoz de esta central de funcionarios de prisiones. En la actualidad, aseguró, en el centro penitenciario de Zuera se necesitan «dos o tres médicos, cuatro enfermos y ocho auxiliares».

Asimismo, Acaip considera que las enfermerías habrán de contar con todos los medios materiales precisos para ejercer debidamente su labor. Finalmente, proponen que se incremente el número de especialistas que acceden a las instalaciones penitenciarias para atender a los pacientes, lo que redundará en una reducción de los desplazamientos al exterior y, también, en un menor riesgo de fuga, dado que el traslado constituye una de las ocasiones más utilizadas por los reclusos para escapar.