A Aragón le siguen saliendo las cuentas en las balanzas fiscales. Según el informe territorializado publicado ayer por el Ministerio de Hacienda, el saldo es positivo en 633 millones de euros --569 euros netos por habitante--. Es decir, la comunidad recibe del Estado más de lo que paga. El dato no supone ninguna novedad por cuanto este territorio siempre obtiene buenos resultados en las mediciones que se realizan desde Madrid.
Conviene, no obstante, desvincularlo de la financiación autonómica, que no es exactamente lo mismo. La balanza fiscal conecta lo que se paga a través de los impuestos con lo que se recibe por parte del Estado --financiación incluida--. Y la financiación hace referencia a las necesidades de las comunidades para sufragar el coste de los servicios públicos --Educación, Sanidad o Dependencia-- y lo que el Gobierno central aporta para ello.
En los cálculos publicados por el ministerio, el saldo de Aragón se sitúa en un término medio: entre las más ricas que, como tales, aportan más vía impuestos --Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares--, y otras como Extremadura, Castilla-La Mancha o Asturias, que se sitúan en el extremo contrario.
Según el informe, la comunidad aportó en el 2011 --ejercicio que mide el ministerio-- 816 millones y recibió en gasto público 1.448, lo que da un saldo positivo de 633 millones (149 más que en el 2005), que suponen el 1,9 por ciento del PIB. De los 633 millones, unos 193 millones corresponden a fondos de la Unión Europea y 439 a la administración española. Aragón es una de las comunidades con una financiación por encima de la media nacional. Algo que ayer el Gobierno de Aragón negó: "Eso no quiere decir, ni mucho menos, que Aragón sea una comunidad sobrefinanciada", explicaron desde la Consejería de Hacienda.
SOBRECOSTE Según el Ejecutivo autonómico "sería un gran error llegar esa conclusión". En su opinión ocurre más bien al contrario, porque "el actual sistema de financiación no tiene en cuenta el sobrecoste que conlleva prestar los servicios públicos de Sanidad, Educación y servicios sociales en una comunidad extensa, con poca densidad demográfica y con un alto índice de envejecimiento".
Las comunidades con mayor población, y con mayor índice de Producto Interior Bruto (PIB) por habitante, aportan más que otras como Aragón, donde hay menos población y menor PIB por habitante. "Pero el sistema debe ser redistributivo y solidario", precisaron desde el Gobierno. Por eso el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi considera que es "muy importante aclarar que las balanzas fiscales no tienen, ni deben tener, ninguna vinculación con el sistema de financiación, ni deben servir para enfrentar a los territorios".
Una precisión importante teniendo en cuenta que la negociación del sistema de financiación está a la vuelta de la esquina y que el superávit en las balanzas fiscales puede ser utilizado como arma arrojadiza para las comunidad con más población y más ricas para exigir un trato preferencial al Estado. El sistema tiene que garantizar, precisaron desde Hacienda, la cohesión territorial y los servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan. "El coste de los servicios en una comunidad no solo depende del número de habitantes, sino de factores como la densidad demográfica o el envejecimiento. Factores que no están ponderados de forma justa ni en las balanzas fiscales ni en el actual sistema de financiación", lamentaron las mismas fuentes.
El informe sobre las balanzas fiscales que hizo público ayer el ministerio desvela que Madrid aporta 16.723 millones de euros más de los que recibe, un saldo fiscal negativo que duplica al de Cataluña, 8.455 millones de euros, con datos del 2011. Según explicó el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y uno de los académicos que ha diseñado la nueva metodología de las cuentas públicas territorializadas, Ángel de la Fuente, además de Madrid y Cataluña, la Comunidad Valenciana es una de las autonomías con un mayor saldo fiscal negativo, 2.018 millones.
