El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy definitivamente la ley de Integridad y Ética Pública, que pone a Aragón a la vanguardia entre el resto de comunidades en la regulación de las medidas necesarias para prevenir la corrupción y luchar contra ella cuando ésta se produzca.
El proyecto que aprobó el Gobierno hace un año ha sido profusamente enmendado durante su tramitación parlamentaria, según han explicado todos los portavoces en la sesión plenaria, para dar lugar a una ley que establece la creación de una agencia de integridad y ética pública, que regula la acción de los lobbies y que incluye un estatuto del empleado público denunciante de prácticas irregulares.
En nombre del Gobierno, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha reconocido que la corrupción política es un problema que se ha convertido en "generacional", que "extiende sus tentáculos de forma radial" y que esta ley pretende atajar, en un "paso decisivo" para colocar a Aragón "en la vanguardia" de la lucha para evitar que este fenómeno "forme parte de la idiosincrasia de la sociedad".
Sólo el portavoz del PSOE, Florencio García Madrigal, se ha identificado con el texto que envió el Gobierno, mientras que el resto de grupos, con intensidad variable, han criticado el documento inicial, que para la popular Marián Orós es una "ley Frankenstein" que incluye cuestiones que deberían haber contado con su normativa propia, tal es el caso de los lobbies o el estatuto del empleado público denunciante.
La aragonesista Elena Allué ha considerado que el proyecto que llegó a las Cortes era de una "legalidad cuestionable" al pretender influir en la Policía Judicial, la fiscalía o los jueces, "violar el derecho a la intimidad" de los empleados públicos o "quebrar" el principio de la separación de poderes.
Todos los grupos han coincidido en que el trabajo de la letrada Vega Estella ha sido "impecable" y determinante para superar estos problemas, que podrían incluso, según Allué, haber tenido atisbos de "inconstitucionalidad".
Las críticas las ha recibido sobre todo la regulación que se pretendía hacer de la agencia de integridad y ética pública, para el PAR una "especie de Stasi" (órgano de inteligencia de la República Democrática de Alemania entre 1950 y 1989) que solo va a servir como "agencia de colocación de cuatro personas"
Para el PP se trata de una "agencia de policía política interna absolutamente innecesaria" al existir ya organismos que hacen este trabajo, como la Policía Judicial o la fiscalía.
Orós ha considerado que la ley no será una "panacea" en la lucha contra la corrupción y ha añadido que "lo más efectivo" habría sido "potenciar" los instrumentos que ya se tienen en la lucha contra la corrupción, a pesar de lo cual ha mostrado su deseo de que finalmente la aplicación de la norma no responda a intereses "espurios" y "funcione".
Mientras que Susana Gaspar, por Ciudadanos, ha considerado positivo que gracias a las enmiendas haya podido modificarse su regulación para que ésta deje de ser un órgano "totalmente independiente y con exceso de competencias" para pasar a depender directamente de las Cortes, donde se creará una comisión parlamentaria al respecto.
Sin embargo, desde Podemos Héctor Vicente ha estimado que la ley -que responde a uno de los puntos del decálogo de investidura que la formación morada firmó con el PSOE- "contribuirá a evitar casos" como el de Plaza o La Muela.
En virtud de sus enmiendas, ha agregado, se ha clarificado el régimen sancionador para lobbies y personas o entidades, públicas o privadas, implicadas en casos de corrupción, y se ha mejorado la utilidad de la agencia, al potenciar la lucha contra el clientelismo y la colaboración con la fiscalía.
La agencia, ha defendido Vicente, viene a llenar "el amplio margen" de actuación que existe desde que se detectan "las primeras pistas" de la corrupción hasta que el caso empieza a ser investigado por la policía.
Por el Grupo Mixto, Patricia Luquin, de IU, ha considerado que una ley así no debería ser necesaria, porque la ética y la integridad es algo que se debe "presuponer" a los cargos públicos, pero que a la vista de la evolución de los acontecimientos se hace "imprescindible".
En este sentido, ha pedido que la agencia se dote con medios y recursos para que pueda hacer su trabajo, pero también ha llamado la atención sobre carencias que tiene la ley, que IU intentó arreglar con sus enmiendas pero que no fueron aceptadas.
Entre ellas, que la denuncia de casos de corrupción por parte de los funcionarios fuera anónima o que un alto cargo sancionado por una infracción muy grave no pueda volver tener una "segunda oportunidad" y por tanto a ocupar un puesto público.
Finalmente, García Madrigal ha asegurado que la ley, en un "esfuerzo de normalización", consigue que las autoridades y altos cargos "no ostenten título de diferencia con los ciudadanos".
