El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha considerado que es compatible la defensa de los intereses de Aragón y del Estatuto de Autonomía con la capacidad para alcanzar un acuerdo con el resto de comunidades y el Estado en torno al sistema de financiación autonómica.
La imposibilidad de casar estos intereses causaría un "problema político grave", ha vaticinado Gimeno ante la comisión especial de estudio constituida en las Cortes para intentar llegar a una postura política común respecto a la reforma del sistema y que se presentará ante la comisión de expertos ya conformada a nivel estatal.
La Conferencia de Presidentes pactó el pasado mes de enero la creación de esta comisión de expertos, que comenzó a trabajar el 23 de febrero y en la que el representante aragonés es Alain Cuenca, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza; exdirector general de Economía del gobierno aragonés de Marcelino Iglesias y quien ocupó diversos cargos en el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
En el ánimo de las fuerzas políticas aragonesas, según han evidenciado hoy todos sus portavoces previamente en la Comisión de Hacienda en la que también se ha tratado este asunto, está alcanzar un acuerdo que ponga en valor las características especiales de la comunidad, que ocupa casi el 10 por ciento del territorio estatal pero en la que solo vive el 2,8 % de la población.
Es, en esencia, lo que fija el Estatuto de Autonomía de Aragón, que Gimeno asume "hasta sus últimas consecuencias" en tanto en cuanto éste determina que para calcular la financiación que dentro del sistema corresponde a la comunidad, se atenderá "el esfuerzo fiscal, su estructura territorial y poblacional, especialmente el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población, así como los desequilibrios territoriales".
Si no hay un acuerdo suficiente y ampliamente mayoritario, "no tiene pies ni cabeza" que el gobierno se atreva a hacer una propuesta, ha enfatizado el consejero, quien ha vaticinado que la "batalla" de la reforma va a ser "larga".
El consejero ha reconocido que desde 2009 hasta ahora la situación financiera de las comunidades ha sido "un desastre", igual que la del Estado, y que lo primero que se va a tener que hacer es "discernir" qué parte de ello tiene que ver con la crisis y qué parte con el propio sistema de financiación.
Dos conceptos se deben de poner primero sobre la mesa según Gimeno, la propia suficiencia financiera, que implica habilitar más recursos, y su redistribución entre el propio Estado, las comunidades y las entidades locales.
Para tener más recursos, ha insistido, hay que, por ejemplo, "atreverse a hacer reformas fiscales" y Gimeno ha confesado que le gustaría incrementar la parte del IVA cedida a las comunidades.
Los portavoces han coincidido en señalar que el actual sistema prima sobre todo criterios que no favorecen a Aragón, puesto que el de la población cuenta el 97 % frente al 1,8 % del territorio o el 0,6 % de la dispersión, según los datos del diputado popular Antonio Suárez.
Para Suárez, el Gobierno de Aragón debería haber elaborado una propuesta base, tal y como en verano de 2015 le mandataron las Cortes, para evitar que la comisión de estudio comience a trabajar hoy "en blanco".
Por su parte, la diputada de Podemos Marta de Santos ha lamentado que el sistema aporte cada vez menos recursos a las comunidades, que son las encargadas de gestionar los servicios esenciales, contribuyendo con ello al "desmontaje" del Estado del Bienestar.
Entre las propuestas de la formación morada están garantizar un incremento de los ingresos; redistribuir la riqueza; modificar los instrumentos presupuestarios que limitan la acción de las administraciones (como la regla de gasto); determinar un nivel mínimo garantizado del gasto simplificar el modelo y reconocer que existe una deuda histórica por años de infradotación.
Elena Allué, del PAR, ha introducido el debate de la necesidad de que Aragón cuente con un fondo especial, en virtud de la bilateralidad que consagra el Estatuto de Autonomía en cuanto a las relaciones de la comunidad y el Estado, para conseguir un modelo "parecido" al concierto vasco y navarro.
El problema, según la diputada aragonesista, es que la comunidad ha venido recibiendo competencias insuficientemente dotadas, al tiempo que ha pedido la creación de un "lobby" de comunidades de interior que eleven una única voz ante el Estado y la revisión del principio de solidaridad, que con Aragón "no es solidario".
Para Javier Martínez (Ciudadanos), el modelo actual provoca que los gobiernos autonómicos tengan "cero margen de maniobra política" ante la imposibilidad de destinar recursos a otras cosas que no sean Educación, Sanidad o Servicios Sociales.
La propuesta de C's es establecer una cartera de servicios mínimos con un coste realista en toda España y con un fondo único, y rechazar los fondos especiales que son lo que ha generado "el caos".
Finalmente, por CHA Gregorio Briz ha insistido en que para tener autogobierno hace falta autonomía financiera, y ha emplazado a hacer uso de las posibilidades bilaterales que fija el Estatuto para conseguir esa mejor financiación.
