El Gobierno de Aragón y la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) han mostrado sus divergencias en la mesa que se ha puesto en marcha para estudiar posibles modificaciones del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), que se ha reunido hoy por vez primera sin representación del Ayuntamiento de Zaragoza.

Esas diferencias han quedado claras en las declaraciones a los medios en un receso de la reunión entre la directora gerente del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, y el presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Oliván, en nombre de la Rapa.

Para Torralba, la constitución de esta mesa -en el marco del acuerdo alcanzado por el Gobierno con Podemos para sacar adelante los presupuestos de este año- es "un gran avance" y ha admitido que hay aspectos de mejora y recorrido y el Gobierno está dispuesto a escuchar todas las propuestas para avanzar en una regulación tributaria "más perfecta".

Esas mejoras pasarían por más progresividad en el impuesto -en relación con los consumos, como incentivo al ahorro-, la regulación de las exenciones subjetivas y objetivas y las bonificaciones, que entraron en vigor en Zaragoza con una bonificación del 70 % y del 60 % de 2017 en adelante y que se podrían debatir también en esta mesa.

Este impuesto está regulado por la Ley de Aguas y Ríos de 2014, pero ha reconocido que desde el Gobierno se podría haber hecho una mejor labor de información al ciudadano sobre el motivo de su pago, que ante el IAA han recurrido unas 10.000 personas, fundamentalmente de Zaragoza, según Torralba.

Para la directora del IAA, es factible el plazo de tres meses acordado con Podemos para pactar una reforma del ICA, pero ha advertido de que "no es un plazo realista" para darle tratamiento legal y pasar por las Cortes, que es el competente para regular un impuesto.

Pero Oliván ha asegurado que el desarrollo de la reunión "se parece poco" o lo transmitido por Torralba, ya que lo primero que desde la Rapa han puesto encima de la mesa es que no van a aceptar que el alcance de la negociación sobre el ICA se limite a hablar de tramos o bonificaciones, porque lo considera "simple maquillaje".

Ha defendido por tanto hablar "de todo" y eso incluye "gestos" por parte del Gobierno de Aragón ante los recursos que han presentado los ciudadanos -que ha cifrado en más de 15.000- y la movilización social, que pasan por suspender el cobro, como han reclamado en la mesa sin éxito, con el argumento de que no son competentes para adoptar la decisión, si bien no es una condición indispensable para seguir en la mesa.

"Para entender que efectivamente se ha abierto una fase de negociación, el impuesto debería dejar de cobrarse a los ciudadanos", ha insistido Oliván, quien como portavoz de la Rapa ha defendido la municipalización de la gestión de la depuración, la sustitución del impuesto por la tasa municipal que corresponda y la asunción por las partes responsables de los sobrecostes e ineficiencia del sistema que está en marcha y que, a su juicio, están gravando excesivamente el impuesto en Aragón.

Así, reclaman la reformulación de la Ley de Aguas, del plan de depuración y de su financiación, y de que el sistema de gestión pase de ser autonómico a municipal, ha especificado.

"Lamentablemente la parte del Gobierno de Aragón no parece una parte resolutiva", sino "meros receptores de las demandas o de las reclamaciones" que les pueden hacer, por tanto la reunión no ha sido de acuerdo o avance, sino "poco más que unas conversaciones".

A la reunión han acudido también representantes de consumidores, empresarios y de la Federación Aragonesa de Comarcas, Municipios y Provincias (FACMP), pero no del Ayuntamiento de Zaragoza, "una pena" para Torralba cuando la mesa persigue desde posturas contrapuestas llegar a acuerdos y para Oliván, tiene como negativo la ausencia de un interlocutor importante, y como positivo, evitar la imagen de que es solo una "pelea" entre este consistorio y el Gobierno de Aragón.

"Esta es una pelea entre los ciudadanos de Aragón y su Gobierno, que les está gestionando mal la depuración y les está cobrando más de lo debería", ha enfatizado Oliván.

La próxima reunión se convocará para dentro de dos o tres semanas para que las partes puedan plantear sus propuestas, ha apuntado Torralba, quien espera para entonces poder atraer al ayuntamiento de Zaragoza al debate.