El diputado de Podemos, Pedro Arrojo, alertó ayer en el Congreso de los Diputados sobre el riesgo de «relanzar políticas trasvasistas» después de que la comisión de Agricultura aprobara una petición al Gobierno instando a promover un nuevo pacto sobre el agua.
Arrojo señaló que la medida, propuesta por PP y Ciudadanos, y que salió adelante con el apoyo de 17 votos a favor, once en contra y nueve abstenciones, «es una proposición con aroma rancio a viejas culturas del hormigón, basadas en la lógica trasvasista a la que los aragoneses ya consiguieron vencer hace década y media».
En la defensa de esta enmienda transaccional, el portavoz del Grupo Popular, Teodoro García, argumentó que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy «se ha puesto al día» en los compromisos de planificación hidrológicos con la UE en materia de agua y «está construyendo las bases de una nueva estrategia hidrológica». Así, este nuevo pacto por el agua tendría como objetivo cumplir los compromisos asumidos con las autoridades europeas para asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias del país, evitar la sobreexplotación de recursos y dotar al sistema de estabilidad y solvencia financiera «desde la perspectiva de solidaridad y equilibrio territorial».
Arrojo lamentó que estos argumentos sirvan para «relanzar, con formatos dulcificados, las políticas trasvasistas que suscitaron movilizaciones ciudadanas impresionantes, de forma especial en la cuenca del Ebro». También recordó que las grandes obras hidráulicas ya fueron tumbadas por la Comisión Europea, «tras dos años de estudios y debates» con tres informes negativos, uno económico, otro ambiental y otro social. También criticó que el objetivo de fondo de esta medida trasvasista sea lograr «réditos electorales desde una demagogia que no tiene horizontes de futuro».
RECURSOS
El Partido Popular negó los argumentos de Arrojo para señalar que la intención de la proposición no de ley es garantizar el recurso a todos los españoles, «vivan donde vivan», e invertir para repartir mejor, pues «nadie quiere una guerra del agua, ni enfrentamiento ni confrontación, sino trabajar por su tierra, vivir en paz y generar riqueza».
Además, manifestó que se debe «asegurar la atención a las cuencas deficitarias a través del principio de la solidaridad territorial». Y pasa eso pidió «reglas objetivas que no estén al albur de ningún gobierno» y que garanticen el equilibrio entre la protección al medio ambiente y la respuesta a las demandas.
