En el Rastro zaragozano se puede encontrar de todo, y en ocasiones las mercancías sorprenden a los propios agentes de la Policía Local de Zaragoza que lo patrullan, en su mayoría pertenecientes a la Unidad de Protección Ambiental y Consumo (UPAC). Ayer mismo, decomisaron un par de pequeños manguales (maza con bola de pinchos) y observaron en otros puestos una buena cantidad de armas prohibidas, como puñales y machetes, bien fueran afilados o romos.
Una mercancía que, en teoría, debería ser toda retirada, «pero una cosa es la ley, y otra la calle», según explicaban fuentes del sindicato CSL. Y es que los agentes, que desde hace meses se han visto sin amparo de la Unidad de Apoyo Policial Operativo (UAPO) en estos menesteres, no siempre ven las condiciones adecuadas para incautarse de objetos sin temor a iniciar un altercado. «Estamos perdiendo autoridad, y los vendedores ilegales lo saben», lamentaban las mismas fuentes.
El sindicato mantuvo recientemente una reunión con el superintendente para instarle a adoptar mejoras en la seguridad, entre otros aspectos, en la dotación de agentes en el Rastro. Antes era la UAPO quien vigilaba el mercadillo ilegal, pero el asunto quedó en manos de la UPAC, tras serle retirada, por ejemplo, la competencia de controlar el ruido en los bares a determinadas horas.
El resultado, explicaron fuentes policiales, es que ahora hay apenas una decena de agentes para controlar el desarrollo del mercadillo, la citada unidad con refuerzos puntuales de las comisarías de distrito más cercanas. Ayer, por ejemplo, eran doce.
Su trabajo se ha visto aligerado desde que las directrices del consistorio les hicieran ser menos restrictivos, por ejemplo, con los vendedores sin licencia. Muchos lo hacían ya motu proprio, en el sentido de decomisar la mercancía ilegal, pero no detener al infractor; por otro lado, rara vez se pueden tramitar las multas a estos, bien por falta de domicilio conocido o recursos para pagarla.
Pero una cosa es hacer la vista gorda con quien se intenta buscar la vida, y otra es permitir la venta de armas prohibidas, y en este tipo de situaciones, entra en juego el difícil equilibrio entre la ley y la posibilidad de retirar la mercancía sin provocar una algarada. Y la falta de efectivos no ayuda a decidirse.
Además de este problema, los agentes alertaron de posibles lagunas en la protección del cuartel del Actur. Y a estas quejas se une la reciente petición a la DGA de una reunión para modificar la ley y permitirles llevar armas largas ante el yihadismo.
