El Arzobispado de Zaragoza ha pedido al juez Alfonso Tello que impute al exjuez del Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia número 1 de la ciudad, Roberto Ferrer Sarroca, en la causa por alzamiento de bienes y falsedad documental que investiga.

La solicitud llega después de que Ferrer exculpase durante su declaración a la hasta ahora única investigada, María del Carmen Amador, la exnotaria del mismo tribunal. El abogado de esta, Fernando Lacruz, se ha opuesto a la petición porque para esto habría que haber ampliado la querella, no pedir la comparecencia como investigado del exjuez en un escrito de trámite.

Ferrer exculpó en el Juzgado de instrucción número 12 a su subordinada de haberse quedado dinero de cheques y falsificado su firma, después de que ella también lo negara. Sobre lo primero, el exjuez afirmó que los cheques que libró eran bajo órdenes suyas y el dinero lo recibió y distribuyó él. Y sobre las firmas, igualmente las rubricó por orden suya, en un escrito de trámite --una citación para una nulidad matrimonial-- y en otro algo más importante.

Al no permitir el juez Tello que su homólogo interdiocesano contestase a algunas preguntas del arzobispado, como testigo, la entidad quiere que se le impute.

Este proceso judicial llega después del despido de la exnotaria, que fue considerado improcedente el mes pasado en un juzgado de lo Social, tras admitirlo así la propia archidiócesis.

El cese llegó a su vez como parte de la purga que el actual arzobispo, Vicente Jiménez, realizó contra los que conspiraron para derrocar a su antecesor, Manuel Ureña. Una trama que, como publicó este diario, fue auspiciada por el actual arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y cristalizó en una denuncia por posibles delitos --amenazas, coacciones, abuso sexual, o apropiación-- que está en manos de la Fiscalía zaragozana.