El Arzobispado de Zaragoza estudia denunciar a la exnotaria interdiocesana, María del Carmen Amador, por atentar contra el honor del prelado, Vicente Jiménez; del ecónomo diocesano, Ernesto Meléndez, y del informático, Jorge Pina Gregorio, al acusarles de revelación de secretos al espiar conversaciones personales de su móvil almacenadas en el ordenador del trabajo. Causa que ha sido anulada por la Audiencia de Zaragoza y que ha obligado al juez instructor y a la Fiscalía a archivar la investigación, aunque «veían indicios de delito».
Desde la institución religiosa, su portavoz, José Antonio Calvo, lamentó el daño ocasionado a la figura del arzobispo y de toda la Iglesia zaragozana, al mismo tiempo que admitió sentirse satisfecho porque la Justicia ha certificado que «no ha habido delito alguno» en la actuación de las tres personas que estuvieron imputadas.
«Ha quedado clara la legitimidad del arzobispado para desarrollar una facultad inspectora sobre el ordenador de su empleada, una intervención dirigida a confirmar la vehemente sospecha de que era esta persona quien emitía mensajes difamatorios sobre la institución». Es por ello que Calvo consideró que el despido de Amador, aunque fue declarado improcedente, «fue moralmente procedente». El auto de la Audiencia es firme.
