La presión interna de parte de la curia y de algunos vecinos de Épila llevó ayer al Arzobispado de Zaragoza a acordar la retirada del párroco de esta localidad, Miguel Ángel Barco. La salida está prevista que se produzca hoy, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO.

A Barco se lo comunicarán los dos vicarios encargados de la administración de los municipios rurales zaragozanos, Juan Sebastián y Jesús Orduña, ya que la persona que en realidad debería hacerlo, el administrador apostólico, Manuel Almor, fue llamado a consultas, a última hora de la tarde de ayer, por las autoridades eclesiásticas españolas. Durante el día recibió varias llamadas de la curia, incluso del Vaticano, en las que se le exigía que se le apartara del cargo como medida cautelar.

PREOCUPACIÓN La administración del escándalo de presuntos abusos sexuales en el seno de la Iglesia zaragozana no habría satisfecho a muchos sacerdotes, que ya pusieron en tela de juicio por qué se pagaran más de 100.000 euros al diácono Daniel Peruga, a cambio de no solo pagar su secularización, sino también su silencio. Las indemnizaciones habituales en personas que deciden colgar los hábitos suele rondar entorno a los 22.400 euros.

Tampoco gustó, según estas fuentes, que el párroco de Épila desautorizara al arzobispado. Mosén Barco reconoció --a diferencia del comunicado firmado por Manuel Almor en el que se señalaba que la salida del arzobispo emérito Manuel Ureña se debía a su estado de salud-- que su cese fue forzado por parte de la Santa Sede. De hecho, tal y como pudo saber este diario, mientras Ureña firmaba su renuncia, una llamada desde Roma avisó que la plaza estaba desde ese momento vacante.

REPROCHES La administración de esta crisis le fue reprochada a Almor, puesto que las autoridades eclesiásticas han recibido informaciones en las que se señala que este sacerdote era conocedor del caso del diácono mucho antes de que el pasado lunes se reuniera el Consejo Consultivo para tratar el pago del dinero y pedir explicaciones a Ureña.

También fue criticado, según estas mismas fuentes, que en el comunicado emitido anteayer por el Arzobispado de Zaragoza se diera nombre y apellidos del joven implicado en este asunto, debido a que podría ser una víctima, al igual que, por ejemplo, el joven de Granada.

La desconfianza en este asunto no solo afectó al mundo sacerdotal, sino también entre la feligresía de Épila. Varios vecinos señalaron que "hasta que no se aclarase lo sucedido, no querían dejar a sus hijos a cargo del párroco". Una situación que el propio Miguel Ángel Barco admitió, si bien reiteraba que es inocente y que todo se "acabará descubriendo".

Muestra de ello es que hoy está organizada una concentración en contra del cura, a los pies del templo principal del municipio.

Ante lo sucedido, muchos vecinos de esta localidad recordaron que recogieron firmas para que el diácono no se fuera a una parroquia de la capital aragonesa o para que se les diera una explicación y que la respuesta del arzobispado siempre fue el silencio.

Tampoco recibió respuesta la Asociación de Vecinos de Épila sobre la venta por parte del párroco de 47 casullas y un altar en una pagina de internet, cuya propiedad querían conocer por si fuera patrimonio de la parroquia, tal y como admitió el presidente de este colectivo, José María Simón. Actualmente, se ofrecen al público una treintena de ellas.

Barco también tiene apoyos. Uno de ellos afirmó que un día escuchó como el diácono le advertía al sacerdote que le iba a arruinar la vida.