Parecía que el nombramiento de Vicente Jiménez Zamora como arzobispo de Zaragoza iba a abrir un periodo de calma tras la destitución de Manuel Ureña (oficialmente una renuncia) y la convulsión que supuso en la diócesis. Pero, la calma solo ha durado seis meses. Los que ha tardado en relevar a la cúpula del Seminario Metropolitano (rector, vicerrector y director espiritual), al titular de la Vicaría VI y al responsable de los medios de comunicación del arzobispado; ahora continúa con los tribunales eclesiásticos.
El arzobispo ha cesado a la notaria y auditora del tribunal interdiocesano Mary Carmen Amador , después de 16 años en el cargo, y este despido ha supuesto también la renuncia del hasta ahora vicario judicial del Tribunal de Primera Instancia, el sacerdote Roberto Ferrer, y del también sacerdote y profesor del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA) Antonio Mas. Teóricamente por discrepancias con el despido de Amador.
En una carta remitida al personal del Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia de Zaragoza, a la que ha tenido acceso este diario, Roberto Ferrer asegura que Carmen Amador ha sido cesada porque el arzobispo "ha perdido la confianza" en ella. Asimismo, denuncia que a la notaria (que es seglar) se le ha negado el derecho a la defensa.
Pero ¿por qué un cese genera dos dimisiones en cadena? Se da la circunstancia de que las tres personas han estado vinculadas con el caso Ureña.
Tal y como refiere Ferrer en la misiva --que también es ratificada por Amador-- tanto ellos como Mas testificaron en el proceso "de información al Santo Padre sobre la actividad del arzobispo Ureña", a raíz del escándalo del diácono de Épila, y que concluyó con la secularización de este y la renuncia del prelado.
El ya exvicario judicial, que ha desempeñado su labor como tal desde 1994, se queja de no haber sido consultado por el arzobispo antes de decidir el cese de la notaria y asegura que presenta su renuncia porque no quiere "ser cómplice con decisiones que no considero congruas ni justas".
La renuncia de Ferrer, presentada el martes 30 de junio, propició el jueves una reunión de urgencia de los obispos de la provincia eclesiástica, en la que estuvieron presentes Barbastro-Monzón, Tarazona, Huesca, Teruel y Zaragoza.
Fuentes no oficiales de la Archidiócesis de Zaragoza aseguraron a este diario que "la purga" no ha terminado y que a Vicente Jiménez "no le temblará el pulso" en su intento de erradicar prácticas "poco ortodoxas" de un determinado sector "del clero zaragozano". Y en este sentido, aludieron a las "falsas acusaciones" vertidas contra el obispo emérito Manuel Ureña y otros sacerdotes de la diócesis a través de anónimos enviados a instituciones y medios de comunicación que podrían estar siendo investigados. "Al final resplandecerá la luz", aseguraron.
Tras la convulsión que supuso en la diócesis la sorpresiva renuncia de Manuel Ureña y el rápido nombramiento de su sucesor no han supuesto la paz para el clero zaragozano. Jiménez, al que desde algunos medios de información religiosa tachaban de poco activo, parece querer demostrar lo contrario con sus decisiones.
