La asociación de Afectados por las Riadas de la Cuenca del Ebro (Asafre) mostró ayer su rechazo al proyecto de trasvase de aguas del Ebro a localidades catalanas situadas fuera de la cuenca hidrológica y advirtió de que si se permite se abrirá la puerta a cualquier otro.

En una nota de prensa, la asociación recuerda que ese proyecto ya se intentó sin éxito en 2010 y ahora resurge la polémica, y destaca que el Gobierno aragonés ya ha manifestado su intención de frenarlo al ser contrario a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Aragón.

La junta de Asafre que si se permitiese, por pequeña que fuese su dimensión, serviría de precedente legal para ejecutar otros.

«Todo esto perjudicaría no solo a los terrenos de la ribera, sino también a sus más de 60.000 habitantes, que luchan a diario por seguir viviendo en los núcleos urbanos cercanos al río Ebro», indicaron.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, terció ayer en la polémica e indicó que un trasvase no se aprueba por un plan de cuencas sino por ley, como el caso de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que contempla los procedimientos a seguir.

Alcalde dijo que «no podemos confundir las cuestiones» y añadió que es «un proyecto que data del año 2010 (...) En estos momentos, si eso se va a reeditar desde Cataluña y se va a solicitar a la confederación, la concesión habrá que estudiarla para ver si se ajusta exactamente a lo aprobado en el 2010 y si no se ajusta, indudablemente, tendrían que iniciar un proceso completamente nuevo», expresó el delegado. Además, Alcalde hizo especial énfasis en que «en ningún momento hay que entender que ese procedimiento haya comenzado».

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), por su parte, ha asegurado esta semana que solo está tramitando un expediente sobre la solicitud de una concesión para el abastecimiento en alta desde el Canal de Segarra-Garrigues.