El presidente de la Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro (Asafre), Alfonso Barreras, denunció ayer que «la falta de intervención en el cauce» tras los últimos episodios de crecidas pone en peligro la vida de las 60.000 personas que viven en poblaciones ribereñas en la provincia de Zaragoza, excluyendo la capital.

Barreras, que ofreció una rueda de prensa, aseguró que no dudarán en recurrir a la «vía penal» para dirimir la responsabilidad «de todos los representantes de las administraciones públicas que no hacen nada» por evitar las periódicas inundaciones que provocan el Ebro. Afirmó que todavía quedan unos 11 puntos del río Ebro donde es necesario reconstruir los diques y motas destruidos en las avenidas del 2015 y pidió que «se levanten las medidas de protección ambiental» temporalmente cuando sea necesario para limpiar el cauce.

Según Barreras, todavía existen municipios que carecen de planes de evacuación y protocolo para situaciones de emergencia por riada. «No se puede echar la culpa de todo al cambio climático, hay que intervenir en el río Ebro para equipararlo al Rin y al Danubio» en materia de seguridad, manifestó. Respecto al plan integral del Ebro que preparan las distintas administraciones, señaló que «llega 20 años tarde» y criticó que al aumentar el dominio público se produce mayor indefensión en quienes viven en la ribera y en sus propiedades.