Los afectados por las riadas del Ebro, unidos en la asociación Asafre, denunciaron ayer, ante los miembros de la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de las Cortes de Aragón, que, dos años después de la riada del 2015, el cauce aragonés del Ebro no está debidamente protegido contra nuevas crecidas.

Los representantes políticos del PSOE, Podemos, PP, Ciudadanos y el PAR visitaron tres enclaves cercanos al cauce en los términos de Pina de Ebro, Villafranca y Nuez. En todos ellos, según Alfonso Barreras, presidente de Asafre, se ha producido un «deterioro» de los diques de contención levantados por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Asimismo, la entidad que agrupa a los agricultores, ganaderos y poblaciones perjudicadas por las inundaciones mostró lugares en los que, supuestamente, no se han completado las obras de refuerzo «por falta de fondos» o su altura resulta insuficiente para detener la corriente en caso, incluso, de un «aumento ordinario del caudal».

«Se trata de que los políticos vean in situ la realidad de lo que está pasando para que no vuelva a ocurrir», subrayó Barreras, que pidió el «compromiso» de los distintos grupos del Parlamento aragonés para evitar daños «tanto a los 60.000 habitantes de la Ribera del Ebro como a las tierras de cultivo». El responsable de Asafre exigió que se drague el río y que se eliminen las islas «artificiales» que «obstaculizan» el cauce, como una existente en Pina de Ebro.

«Consideramos que puede ser necesario dragar el río», manifestó el representante del PP, Miguel Ángel Navarro, que es agricultor en el Jiloca, tras examinar una grieta en un dique del término de Villafranca.

Nacho Escartín, de Podemos, señaló que, al resquebrajarse la mota, se facilita que el agua invada la orilla en caso de crecida. En su opinión, es necesario aplicar una «ordenación del territorio» y una «gestión integral» para «dar solución» a una situación «que ni la CHE ni el Ministerio de Medio Ambiente consiguen resolver».

Herminio Sancho, diputado del PSOE, se mostró partidario de «solucionar el problema de una vez por todas y sin agredir al río». Dijo que podrían extraerse gravas para proteger las orillas y también crear zonas inundables.

Por el PAR, Lucía Guillén manifestó que había «muchas obras sin concluir» y solicitó una revisión de la legislación para que puedan aplicarse «medidas correctoras» que eviten que las crecidas ordinarias causen daños. Jesús Sansó, de Ciudadanos, pidió que se cuente con la opinión de los habitantes afectados a la hora de diseñar soluciones para una situación «que se repite con demasiada frecuencia».

La CHE puntualizó ayer que las motas se han realizado con las «medidas pertinentes» y que en la isla de Pina se actuó de conformidad con las condiciones medioambientales del Inaga. Asimismo, señaló que no constan denuncias por el deterioro de motas en Villafranca y Nuez.