La Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro (Asafre) ha lamentado hoy el "verdadero atentado medioambiental" que se produce en el cauce del río que, ha vaticinado el presidente de la entidad, Alfonso Barreras, causará muertes en próximas riadas si no se toman las medidas necesarias en el mismo.

Barrenas, acompañado por otros miembros de la junta directiva de Asafre, ha comparecido hoy en rueda de prensa para lamentar que, dos años después de las inundaciones que provocaron importantes daños en las poblaciones ribereñas, no se han tomado medidas en el cauce.

Por eso, ha advertido de que si próximas riadas causan fallecimientos, "que las habrá porque solo falta esperar", la asociación interpondrá denuncias penales contra los responsables de las instituciones que ahora mismo "no están haciendo nada".

"Ocurrirá, a la naturaleza no le echemos pulsos", ha enfatizado Barreras, y no se podrá volver a decir, como siempre, que es un "desastre natural".

Ha recordado, en este sentido, que solo las crecidas de la semana pasada de los ríos Ega y Arga, afluentes del Ebro, hicieron que el río bajara por Zaragoza con un caudal de 1.300 hectómetros cúbicos y se anegaran 4.000 hectáreas, según sus datos.

Lo malo, ha agregado, es que hay "seis o siete" puntos en la Ribera Baja y "tres o cuatro" en la Ribera Alta en los que no se ha actuado en motas o diques y en los que peligra la población, entre ellos El Burgo de Ebro, Nuez de Ebro, Villafranca o Pina y Quinto de Ebro.

En total, son "60.000 habitantes de estas zonas expuestas a una muerte anunciada", según Barreras.

La primera preocupación de Asafre es que los habitantes ribereños sigan en los pueblos, después salvar los cascos urbanos y, más tarde, las zonas industriales y las granjas, pero desde las importantes riadas de 2015, ha insistido, nadie ha hecho nada.

Asafre sí que ha hecho propuestas, algunas de las cuales han sido aceptadas, pero sin resultados.

Al Instituto Aragonés del Agua (IAA) le han pedido el levantamiento de las medidas medioambientales en el cauce para limpiar el río y hacer las obras necesarias, como se hizo con las actuaciones de emergencia que hubo que poner en marcha en 2015.

Lo esencial, ha apuntado Barreras, es limpiar todo lo que obstruye ahora el cauce y después fijar planes de mantenimiento del cauce.

Pero es que además, ha agregado, algunos pueblos no tienen planes de emergencia ni protocolos de evacuación.

Barreras ha reconocido que las administraciones han gastado veinte millones de euros, pero que éstos son "insuficientes".

Por otro lado, ha considerado de vital importancia que "por lo menos" los afectados por las inundaciones tengan derecho a recibir indemnizaciones.

Todas las que había pendientes de cobrar ya están liquidadas por parte del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España, ha precisado, excepto unas pocas que están "judicializadas".