ASAGUA, Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua, ha denunciado en su Asamblea Anual la escasa inversión en el sector, que ha propiciado bajas exorbitantes en las licitaciones de los últimos años, y reclama su modificación con un nuevo ciclo inversor.

Según ha informado la propia asociación a través de un comunicado, a pesar de que la Administración ha manifestado estar de acuerdo en lo negativo de la situación, no se atisban cambios y se ha dado el caso de que la empresa adjudicataria es la que presenta la oferta técnica peor valorada, debido a la prevalencia de la oferta económica sobre la técnica.

ASAGUA ha afirmado que “es la consecuencia de utilizar un pliego que, entre otras cosas, define una temeridad demasiado amplia, no establece umbrales para descartar las ofertas que no alcancen un nivel técnico razonable e impone una fórmula inadecuada para establecer el valor de las ofertas económicas”.

Asimismo, ha asegurado que “la temeridad se debe aplicar sin excepciones, por seguridad jurídica y para desalentar las bajas fuera de toda razón que hacen penoso el cumplimiento del contrato, cuando no provocan su rescisión, con tan malas consecuencias para los intereses públicos”.

En lo referente al Pacto Nacional por el Agua, ASAGUA considera que los acuerdos sobre medidas económico-financieras deben formar parte de dicho pacto y que para cumplir los objetivos son necesarios recursos económicos que atiendan los déficits hídricos para conseguir un estado medioambiental sano, actuar para paliar los riesgos de inundación y catalizar las acciones de gobernanza.

Para lograrlo, ASAGUA propone al Ejecutivo que las actuaciones programadas para cumplir los objetivos previstos en la planificación hidrológica a desarrollar en cada anualidad, sean totalmente vinculantes de modo que se cumplan las partidas presupuestarias que las avalan y no dependan del partido político gobernante.

La Asociación reclamó en su Asamblea “el establecimiento de un regulador único que ayude a cumplir los objetivos de solidaridad” y cree primordial la puesta en marcha de acciones educativas, para que la sociedad entienda y asuma que el coste de los servicios del agua lo debe pagar el usuario y que el respeto a la naturaleza es la herramienta más efectiva para luchar contra el cambio climático. No se trata de pagar por contaminar, si no de no contaminar.