Un informe del asesor jurídico de la sociedad Ecociudad concluye que el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, podría haber incurrido hasta en cinco delitos penales durante su etapa como presidente de Ecociudad. Según el texto, solicitado por los grupos tras la comisión de investigación, se le pueden imputar delitos de prevaricación, acusación y denuncia falsa, ocultación de documentos públicos, mobbing al gerente de la sociedad, Miguel Ángel Portero, y falsedad documental. A los concejales Teresa Artigas (anterior vicepresidente) y Alberto Cubero se les imputas los delitos de prevaricación y acoso laboral. El Gobierno de Zaragoza en Común lo niega y rechaza las conclusiones.

Este viernes el consejo de administración acordará las medidas que se toman al respecto aunque, la presidenta de Ecociudad, María Navarro (PP), confirmó que tiene la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía el informe. Antes de este consejo, se celebrará una junta general para nombrar a los tres nuevos miembros de ZeC, ausente tras su renuncia en masa en julio.

EL ORIGEN / El origen de esta situación se remonta a mayo del 2016, cuando Santisteve denunció ante la Fiscalía, en nombre de Ecociudad pese a no haberlo comunicado a sus miembros y por la puerta de atrás, una serie de irregularidades que, supuestamente, se habían producido en la sociedad durante la anterior legislatura y con Portero como gerente, contra quien fue la denuncia que acabó con el sobreseimiento libre y archivo de la causa. La acusación del alcalde se basaba en una inspección a la depuradora de La Almozara que realizaron personalmente Artigas y Cubero y en una reunión que, aseguraban, nunca se produjo.

El letrado de Ecociudad, José Antonio Sanz Cerra, expone que el alcalde no tenía competencias para iniciar un expediente de información reservada, previo a Fiscalía, sino que tendría que haber sido el Consejo de Administración. Este expediente se inició porque ambos concejales denunciaron que se firmaron unas mejoras en la planta en una reunión que no se celebró en abril del 2015. Según el abogado, y tras la declaración de un testigo, el encuentro se realizó pero las mejoras se firmaron en otro.

También reslata que en la resolución adoptada para incoar el expediente de información reservada no se incluye «ningún tipo de actuación probatoria», ni se ofrece a la instructora -ajena a la sociedad- datos, ni antecedentes relacionados con los hechos de la investigación, cuando, por sus cargos, los concejales tenían «total acceso». De hecho, el Gobierno ocultó un informe del jefe del departamento de Infraestructuras, José Ramón Entralgo, en el que constataba que las mejoras se habían hecho.

Para atribuir los delitos de prevaricación, acusación y denuncia falsa y ocultación de documento público, el abogado concluye que «no pueden ser explicados en términos de razonabilidad, un resultado claramente injusto: la atribución de un delito a cinco personas -entre ellas el gerente- por unos hechos que no eran ciertos y que fueron sometidos a investigación judicial». Además, asegura que «se tenía clara conciencia de la arbitrariedad o ilegalidad con la que se actuaba» ocultando informes, como el de Entralgo.

Respecto al delito de acoso laboral sobre Portero, se basa en que, además de desprestigiarle públicamente, se le acusó de incumplir sus obligaciones en un documento que se basaba en «hechos ciertos», cuestionando su laboral al frente de Ecociudad pese a que no eran tales. Por la firma de este texto acusa a Santisteve de falsedad documental ya que, alega, pretende «valorar y criticar» su actuación para aprobar su cese. El letrado asegura que esta relación de hechos «no se corresponde con la realidad» por lo que «comportan un atentado contra la fe pública».