El presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca (SAS), Policarpo Sánchez, ha remitido hoy una carta al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, para que "acate la ley" y devuelva unos 400.000 documentos enviados a la Generalidad indebidamente desde ese fondo archivístico, entre ellos algunos referidos a Aragón.

Esos papeles afectan a numerosas familias de veintitrés provincias de Aragón, Asturias, Castilla y León, Madrid, Murcia y Valencia, cuya devolución al Centro Documental de la Memoria Histórica exige Sánchez con el aval de 63.829 firmas que esta mañana ha registrado en la Delegación del Gobierno de Castilla y León.

Fueron enviados al amparo de la ley 21/2005 de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados a raíz de la Guerra Civil, pero "vulnerando el mandato legal, pues nada tienen que ver" con esa comunidad autónoma, matiza Sánchez en su misiva a Puigdemont, según el texto difundido en una rueda de prensa.

"Además, la actitud del Gobierno que usted preside no es admisible en un Estado de Derecho, pues tampoco restituye al archivo estatal los documentos sin propietario o heredero, negándose a cumplir lo establecido por la sentencia del Tribunal Constitucional" fechada en 2013, añade en su texto dirigido a Puigdemont.

Detrás de esa negativa a devolver esos legajos, ha explicado Sánchez a los periodistas, subyace la idea de "acabar con el Archivo de Salamanca, un símbolo que representa a la unidad de España, ala memoria compartida de todos los españoles", lo que motivó en su día una demanda judicial y una campaña de recogida de firmas, a través de las plataformas HazteOir.org y Change.org, "contra esa infamia".

Ni Puigdemont ni la Generalidad de Cataluña "son intocables" porque "están sometidos a las mismas leyes y tribunales que el resto de los españoles" y que "deben cumplir si son demócratas", ha añadido delante de los informadores.

Junto a las 63.829 adhesiones, recabadas en todas las provincias de España y en quince países de cinco continentes, Sánchez ha registrado en la Delegación del Gobierno de Castilla y León, con sede en Valladolid, una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "para que haga cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional" a favor de la devolución de esos 400.000 documentos.

"Que utilice para ello los instrumentos del Estado de Derecho", ha insistido en la rueda de prensa como presidente de una asociación que ha emprendido la defensa del Archivo de Salamanca desde hace años "sin ayuda pública y en beneficio de todos los españoles", ha matizado.

Además del "frente judicial y político", como lo ha denominado, Salvar el Archivo de Salamanca ha organizado otras actividades inscritas en el contexto social y cultural como la petición al Gobierno, cursada hace meses, de abrir una exposición permanente en el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, centrada en el periodo comprendido entre la II República y la Transición (1931-1977).

Además de los apoyos institucionales recibidos durante los últimos meses, por parte de la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Salamanca, Junta General del Principado de Asturias y una decena de partidos políticos, SAS intentará recabar este año el del Parlamento Europeo y del Senado donde el próximo 14 de febrero será debatida una moción al respecto.