Las asociaciones de consumidores de Zaragoza anunciaron ayer las alegaciones presentadas al presupuesto del 2017. En concreto, han solicitado que la partida destinada a Consumo se incremente, como mínimo, hasta valores del 2016, cuando se situó en 69.000 euros. Este año, a no ser que cambie, se reducirá a los 60.000 euros como consecuencia de una enmienda a las cuentas públicas que presentó Ciudadanos (C’s) y que salió adelante con el apoyo de PP y PSOE.

El concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, anunció ayer que el Gobierno de la ciudad está dispuesto a elevar la cuantía hasta los 90.000 euros que contemplaba la propuesta inicial. Las entidades manifestaron que la labor de la Oficina Municipal de Consumo (OMIC) y los Puestos de Información al Consumidor (PIC) distribuidos por los distritos son más necesarios que nunca después la sentencia que obliga a los bancos a devolver el dinero de las cláusulas suelo.

En caso de que la partida se mantenga en 60.000 euros las consecuencias no serían nada positivas. Según Cubero, o se tendría que cerrar una oficina o se reduciría el horario de atención al público. Sucedería, por tanto, todo lo contrario a lo previsto, ya que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) quería abrir nuevas oficinas de atención al consumidor durante este año y que, por ahora y hasta que no haya cambios en las cuentas, están en stand by.

Desde la Asociación de Consumidores Torrerramona aseguraron que las consultas han aumentado considerablemente en los últimos meses debido a las reclamaciones de las cláusulas suelo. La Asociación de Consumidores San Jorge destacó la importante labor que hacen estas oficinas a la sociedad ya que son su único medio de información. Cubero anunció que apoyarán esta alegación e instó al resto de grupos de «la izquierda» a que hagan lo mismo para evitar el cierre de un centro y poder seguir prestando, así, este servicio de asesoramiento para los ciudadanos.