Las asociaciones aragonesas que llevan años recuperando e identificando los restos de represaliados de la guerra civil han saludado con «ilusión» la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez de reformar de manera íntegra la actual Ley de Memoria Histórica y, en especial, su voluntad de declarar nulos los fallos de los tribunales franquistas. Sin embargo, todas ellas, desde Arico hasta Pozos de Caudé, pasando por Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), temen que la propuesta socialista se frustre por la falta de apoyos parlamentarios o no dé tiempo a aplicarla.

El Gobierno de Aragón, que se halla inmerso en la elaboración de otra ley de memoria histórica de ámbito autonómico, considera que con este anuncio el Ejecutivo central favorece su trabajo legislativo. «Si la reforma da apoyo estatal a la exhumación e identificación de cadáveres, reforzará nuestro texto legal», subrayó un portavoz del Pignatelli.

«Es una iniciativa ilusionante», subrayó ayer Enrique Gómez, miembro de ARMHA. «Ahora solo hay que esperar que salga adelante en las Cortes y que haya tiempo suficiente para ponerla en práctica», añadió.

Para Gómez, el punto fundamental de la reforma planteada por la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, es la creación de una comisión de la verdad. «Es una forma de empezar la casa por los cimientos, estableciendo primero qué pasó y siguiendo con la condena del régimen franquista», subrayó el integrante de ARMHA.

Miguel Ángel Capapé, de la Asociación para la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico), señaló que su entidad «hace tiempo que reclama que se impulse la Ley de Memoria Histórica», promulgada en el 2007, siendo Zapatero presidente del Gobierno. Desde su punto de vista, ha llegado la hora de que el Estado se haga cargo de las exhumaciones de fusilados, una tarea que en la actualidad, tras el Gobierno del PP, recae enteramente sobre las asociaciones memorialistas.

COMPLEJA REVISIÓN / Por su parte, Francisco Sánchez Gómez, de la asociación Pozos de Caudé, califica la iniciativa del Ejecutivo de Sánchez de «interesante y oportuna». Sin embargo, considera que, aun saliendo adelante en el Parlamento, la reforma puede tener problemas. «La revisión de todas las condenas deberá hacerse una a una, y eso es un trabajo complejo que requerirá la creación de una estructura específica, de expertos, dedicada a ello», apunta. Asimismo, subraya que, «sin financiación», la iniciativa, que es «un paso adelante», se estancará.

En las tres entidades memorialistas consultadas se da un cierto temor a que la iniciativa gubernamental sea un mero gesto o quede solo en eso. «Esto es más importante que la exhumación de los restos de Franco», recalca Enrique Gómez, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. «La extracción de los restos del dictador, estoy de acuerdo, tienen un gran valor simbólico, pero las medidas que ahora quiere poner en marcha el Gobierno afectan a miles de familias», dice.