La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha ordenado al juzgado número 2 de Ejea que reabra las diligencias contra el alcalde y el secretario de Sigüés --Daniel Salinas (PAR) y Vicente Sánchez-- al apreciar "indicios en ambos querellados de coautoría de un presunto delito continuado de falsificación de documento oficial".
La historia se remonta a primeros de marzo del 2007, cuando Salinas --que también es vicepresidente de la Comarca de la Jacetania-- y Sánchez firmaron cinco copias del acta del pleno del 23 de febrero, que no se había celebrado. Cuando fueron citados a declarar aseguraron que la sesión se suspendió por una nevada, tormenta que, según certifican varios centros meteorológicos, no se produjo. "Este primer tropezón de la narración de los hechos expuestos por los dos querellados constituye de por sí un mal presagio del resto de su versión", la cual, según la Audiencia, "no tiene amarre indiciario alguno".
El borrador del acta fue a parar a la administrativa que normalmente las introduce en el ordenador del consistorio. "No solo no le avisaron" de que no había habido pleno, sino que firmaron las copias "a sabiendas" y siendo conscientes de que algunas de estas serían enviadas, como es preceptivo, a la Delegación del Gobierno y al Gobierno de Aragón.
Quince días después del pleno inexistente, el alcalde se desplazó a Sangüesa, donde fue a ver a un notario para que este activara el crédito de 58.000 euros que el Banco de Vasconia había concedido al consistorio, para lo que "llevó personalmente" a la oficina "la certificación del acta del inexistente pleno" para "demostrar la voluntad de dicho ayuntamiento de concertar el préstamo. La certificación, añade la resolución de la Audiencia, "estaba expedida" por el secretario y recogía "íntegro y a la letra el inexistente acuerdo del inexistente pleno", en el que, según el documento del fedatario, la operación había sido aprobada "por unanimidad".
"No se trata, pues, de un error administrativo, sino de una falsificación reiterada y continua de un documento oficial", indica el auto de la Audiencia, que añade que "tal indiciaria falsificación se ha cometido cinco veces seguidas": la original, las dos enviadas a la DGA y a la Delegación del Gobierno y las entregadas al notario y al delegado del banco.
Tres meses después, una vecina descubrió el engaño al preguntar en un pleno por la sesión del 23 de febrero, cuya inexistencia reconoció Salinas. "Es indiferente que luego tal contrato de crédito no se usara por el Ayuntamiento de Sigüés y fuera cancelado", concluye el auto del tribunal.
