La Audiencia de Zaragoza acaba de establecer un plazo de tres días para que todas las partes personadas en el caso La Muela decidan qué hacer con la fianza de libertad impuesta a la exalcaldesa de esta localidad, Mariví Pinilla. Su abogado defensor, Santiago Palazón, solicitó que se redujera la cantidad que abonó, en el año 2009, de nada menos que 800.000 euros. Sostiene que los avales bancarios devengan unos intereses «astronómicos y que «otros acusados o investigados por delitos de lesa patria que con 50.000 euros están en la calle».
El ofrecimiento de acciones a las partes lo hace el tribunal provincial en un auto en el que curiosamente habla de Pinilla como «penada», cuando, de hecho, el Tribunal Supremo anuló la sentencia y mandó repetir el juicio contra ella y seis personas más. Aunque por el momento no se ha comunicado de forma oficial, fuentes judiciales consultadas por este diario, insisten en que los tres magistrados que conforman la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, Rubén Blasco, Alfonso Ballestín y Carlos Lasala, conformarán el tribunal que les juzgue. El Supremo estableció que el caso lo tenía que volver a ver unos magistrados diferentes a los que realizaron el juicio anulado. Le tocaba a Belloch, pero se abstuvo por su pasado político.
