La Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado que las empresas que constituyeron la UTE Plaza para la urbanización del polígono industrial, Acciona y MLN, no pueden utilizar la pignoración de acciones como medio de cubrir la fianza que falta en el caso saqueo, la causa principal por las presuntas corruptelas en torno a la plataforma logística. Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia han avalado la decisión del juez instructor, que no vio adecuada la garantía para los cinco millones de euros que restan por aportar, y exigió bienes tangibles o, al menos, fácilmente monetizables.

Como publicó EL PERIÓDICO, la oferta de pignoración la hizo MLN al juez en uno de los últimos recordatorios por parte del instructor, José Ignacio Martínez, de que faltaban por garantizar 13,5 millones de los 140 en que había fijado el total, el dinero que supuestamente se malversó en las obras de urbanización. La constructora aragonesa, que ya había aportado la mayoría del capital con Acciona, ofreció sus acciones, que considera que valen mucho más de los cinco millones que quedan por aportar, pero el juez se negó.

Curiosamente no fue la empresa, sino su exsocia Acciona, quien recurrió ante el mismo juez la denegación, y MLN se adhirió. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza volvió a negar, y la decisión quedó en manos de la Audiencia de Zaragoza, que le ha dado la razón.

CRITERIO

En el auto, hecho público ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, los magistrados recuerdan que según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las fianzas han de tener «una potencialidad real, no ilusoria» y esta ha de apreciarla el juez. Y consideran «obvio y notorio -como la experiencia demuestra, a la baja- (que existe) la fluctuación del precio de las acciones de una empresa, máxime cuando se encuentra sometida a un procedimiento judicial».

Por ello ven correcta la decisión del juez, que denegó la oferta de las acciones por considerar que una hipotética condena devaluaría su valor hasta un nivel incierto.

Así pues, Acciona y MLN deberá ingeniárselas para aportar más capital, bien sea en dinero, terrenos o bienes, para cubrir lo que falta. En el último requerimiento, la aragonesa ya ofreció propiedades por valor de 8,5 millones de euros, que dejan la fianza restante actualmente en los citados 5 millones.

Antes, ambas integrantes de la UTE habían tenido que aportar gran parte de los 135 millones disponibles actualmente en la cuenta del juzgado. En principio, la aportación requerida era solidaria (donde no llega uno, llega el otro) entre las dos y la consultora Intecsa-Inarsa, igualmente encartada en la causa. Pero esta empresa alegó que no podía disponer más que de 350.000 euros, sin ver comprometida su viabilidad, ya que de tener que pagar más iría a la quiebra, y no podría hacer frente a su posible responsabilidad judicial. En este caso, el juez aceptó la aportación.

El resto se ha repartido entre embargos de nóminas y bienes, aportaciones de efectivo y demás prendas de los 25 acusados que se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Zaragoza. Físicamente, es probable que se traslade a la Ciudad de la Justicia, cuya sala grande en el edificio Fueros de Aragón ya ha alojado procesos con mayor número de acusados, como el juicio de La Muela, ahora en manos del Supremo.

La fecha aún no está fijada, pero con la recta final de la aportación de fianzas y el reciente requerimiento de documentación a varias instituciones, todo hace indicar que será este año. Posiblemente, visto el historial, a finales.