La Audiencia Provincial de Teruel condenó ayer a la farmacéutica de la localidad de Palomar de Arroyos, María Amparo A. G., a un año y ocho meses de prisión por un delito de falsedad documental y otro de estafa al Servicio Aragonés de Salud. La condena no ha sido algo inesperado puesto que la propia farmacéutica ya se conformó con la pena solicitada por el fiscal al comienzo de al vista oral, celebrada la pasada semana.

La condena establece también, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el pago de 3.600 euros en concepto de multas (1.800 euros) por cada uno de los delitos. La sala considera probado que la acusada desplegó una actividad fraudulenta desde finales del 2011 al 2014 falsificando recetas médicas, aparentemente solicitadas por pacientes de su entorno, y que después eran remitidas para su facturación al Servicio Aragonés de Salud. En total, se emitieron y facturaron 274 recetas falsas, lo que supone un cargo indebido a la administración de 8.699 euros.

Por otra parte, en la farmacia, en su vivienda y en una parafarmacia de la localidad de Enguera aparecieron productos farmacéuticos, sin precinto, que no se dispensaron a ningún paciente pero que fueron cargados al Servicio Aragonés de Salud y cuyo coste suponían 3.475,89 euros para las arcas públicas.

A raíz de la entrada en funcionamiento de la llamada receta electrónica, la acusada expidió fármacos a nombre de distintos usuarios, sin su conocimiento ni su consentimiento, llegando a facturar un total de 190 recetas electrónicas por un importe de 9.915,10 euros.

En total, la cantidad defraudada por la farmacéutica al Servicio Aragonés de Salud asciende a 22.090,30 euros, de los cuales, y antes de que se celebrara el juicio la pasada semana, la acusada devolvió 22.000. Por lo que a los otros dos encausados se refiere, Rosa Carmen A. G., hermana de la procesada y médico de profesión, y José Ramón B. A., que regentaba una parafarmacia en Valencia, la sentencia acuerda su absolución.