El Gobierno de Zaragoza en Común encargará una auditoría técnica que señale cuál es la situación de la infraestructura del Canal de Aguas Bravas y de las filtraciones que sufre desde su origen.

Así lo ha anunciado el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, en una rueda de prensa en la que ha explicado que el objetivo es saber si los problemas son estructurales, si se deben a un defecto de proyecto o de ejecución, para una vez conocido el resultado estudiar si se saca una nueva concesión.

La obra, diseñada en 2005, la llevó a cabo la empresa Tragsa y siempre ha sufrido filtraciones a través de la balsa de acumulación de agua, necesaria para que la instalación funcione, y a pesar de las reparaciones del verano de 2015.

ZeC ha decidido impulsar esta auditoría después de que el pasado 2 de marzo la actual concesionaria, Loteta Sports, comunicara que se marcha aduciendo, al igual que las dos anteriores, resultados económicos negativos y ello, ha dicho Rivarés, pese a la pequeña cantidad de canon, de 1.000 euros mensuales.

El problema, ha reconocido, es que bombear el agua para que llegue al canal cuesta 52.000 euros (100 a la hora) y solo dos mil usos.

Rivarés ha reconocido que el funcionamiento de la infraestructura "tiene un coste tan enorme que es difícil rentabilizar".

De hecho, el primer operador Murillo Rafting del Pirineo, que había invertido 1,4 millones de euros en 2008, no pudo mantener la explotación y perdió la concesión en 2011 dejando a un empresario de transición durante dos años, Expansión Directa, a cargo del negocio hasta que salió la nueva licitación en 2014.

El actual empresario tuvo que hacer frente económicamente al inventario de inmovilizado, materiales, herramientas y una tienda del anterior, lo que supuso casi 80.000 euros.

Además del canal de Aguas Bravas, la concesión incluye la gestión de una cafetería de 310 metros cuadrados, terraza, y el parque multiaventura.

Antes de volver a sacarla a licitación, el Ayuntamiento quiere saber en qué condiciones está la obra del canal y si se pueden trocear los servicios que ofrecen en el parque para la nueva concesión.

Rivarés ha insistido en que la auditoría determinará el origen y razón de los problemas y los responsables deberán asumirlos y luego serán los liquidadores de la sociedad quienes tendrán que decir si sale o no a concurso.

En este sentido, el coordinador del área de Economía, Miguel Ruiz, ha explicado que es una concesión que no es rentable para el concesionario, ya que en otros lugares donde existen canales de aguas bravas que se llenan de forma natural aún así reciben subvenciones públicas, por lo que es "una decisión política si se debe o no inyectar dinero público".

Respecto al proceso de liquidación de la sociedad Zaragoza@, contra la que ZeC fue el único grupo que votó en contra, el consejero ha informado de que supone que el Ayuntamiento tendrá que asumir la cuantía de los trabajadores de la sociedad y "municiparlos y sin informes preceptivos", así como intentar cobrar la deuda de 1.936.000 euros que deben los concesionarios.

La Sociedad ZGZ@ se creó en febrero de 2009 para la prestación de servicios económicos y promoción de actividades municipales en el ámbito de los espacios situados en el meandro de Ranillas y en los espacios de riberas vinculados a las obras del plan de acompañamiento de la Expo de 2008.

La actualidad de las concesiones es que en mayo de 2016 se extinguió la de los barcos mediante un acuerdo con la empresa gestora por el que se le pagaban 500.000 euros en cuatro años para ahorrarse 1,5 millones por el dragado del canal.

En el caso de las playas, hay abierto un proceso judicial por una presunta concesión ilegal de la concesión.

En cuanto al campo de fútbol Soccer, que tiene un canon de 64.000 euros anuales, la concesionaria debe al Ayuntamiento 368.000 euros, para lo que se está negociando un plan de pagos que permita continuar con la viabilidad del proyecto y un nuevo canon.

Se ha solucionado el caso del Spa y del campo de golf, en quiebra desde 2008, con una nueva concesión a una sociedad mercantil que ha permitido mantener la viabilidad de la actividad y de los 60 trabajadores en nómina.

Respecto al puerto de Vadorrey, ha anunciado que en las próximas semanas se procederá a la licitación de los pliegos.

También se ha solucionado la situación del apartahotel, un edificio en el que se invirtieron 12 millones de euros y que nunca se terminó de construir.

Ahora se lo ha quedado la empresa Vitalia para impulsar una residencia de mayores que puede crear unos cien empleos.

En cuanto a la Torre del Agua, que tiene un coste 80.000 euros de mantenimiento anuales, y el Pabellón Puente, ha recordado que son propiedad del Gobierno de Aragón pero es el Ayuntamiento de Zaragoza el que ha hecho "más esfuerzo por sacar partido" a esas instalaciones a través de las sociedades Zaragoza Congresos y Turismo. EFE