La auditoria descubre una deuda oculta de 110 millones en los presupuestos de Zaragoza

Así se recoge en la auditoría encargada por el nuevo gobierno municipal para conocer la situación económica del Consistorio a 30 de junio y que ha hecho pública hoy en rueda de prensa Fernando Rivarés.

Del total de la deuda 60,8 millones afectan a 21 partidas de más de 600.000 euros que no tienen crédito suficiente, de los que 53 son "viejas rémoras que se arrastran de año en año" y 45 son obligaciones de pago de 2014 aplicadas a 2015 o pendientes de aplicar.

De ese importe, 2,4 millones son partidas infradotadas en los presupuestos de 2015 que afectan a servicios esenciales como la luz, el gas o la limpieza; 8 son obligaciones derivadas de la revisión de precios o liquidación de contratos que no se han presupuestado en varios años seguidos; 2,1 millones proceden de un convenio para obras en barrios rurales que no se ejecutaron y que se deben y 3,2 se adeudan a Expo Empresarial desde 2010 por una encomienda de gestión.

Además faltan otros 7 para la partida del autobús, 6 para las zonas verdes, 3,3 para el mantenimiento de pabellones deportivos y 4 para el alumbrado público.

Rivarés también ha hecho hincapié en la deuda del Ayuntamiento de 48,7 millones por sentencias derivadas de desacuerdos por expropiaciones y que hay que pagar antes de fin de año, para lo que el Ayuntamiento ha solicitado 45 millones al fondo de impulso local.

La suma total de las obligaciones confirmadas para 2015 sin consignación ascienden a 109,5 millones de euros y se calculan otros 80 por sentencias condenatorias para 2016, 44 de ellos que reclama la anterior concesionaria del transporte público Tuzsa, la mitad por intereses de demora, que se pagan a más del 4 %, y el resto por sentencias recurridas.

En este sentido, el concejal ha criticado "prácticas irresponsables" como es "recurrir todo porque sí".

Son 109 millones que habrá que incluir en el presupuesto de 2016 junto con 8 millones por la parte devengada de la paga extra, los 18 por la deuda con alta velocidad, más 6 millones que hay que devolver al fondo de contingencia.

Y es que, ha lamentado, en los presupuestos de 2014 solo había 250.000 euros para futuras contingencias cuando se sabía que podían ascender a 40.

Rivarés también ha criticado que existan 28 préstamos con entidades financieras, lo que, a su juicio, demuestra "una gestión ineficiente y una actitud irresponsable para hacer cuadrar presupuestos virtuales" a pesar, ha recordado, de las advertencias de la Intervención.

"Una práctica política poco recomendable" que el responsable de las arcas municipales ha definido como "patada hacia adelante y que supone trasladar cuentas pendientes a años sucesivos" y que se suma a la "asfixia a la que nos somete el Gobierno de España" y a la falta de una ley de financiación de los ayuntamientos a pesar de ser las entidades "más cercanas" a la ciudadanía.

En este sentido ha recordado que el Ayuntamiento gasta cien millones de euros por competencias impropias por lo que espera que el nuevo consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, muestre "el mismo interés para responder" que el que manifestaba para reclamar al Ejecutivo cuando era concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Y es que, según Rivarés, Gimeno todavía no ha respondido a su propuesta para crear dos mesas para negociar la deuda de 56 millones del Gobierno autonómico con la ciudad.

El concejal municipal de economía se ha mostrado dispuesto a pagar los 19 millones de intereses por los 814 millones de euros de la deuda a largo plazo y los 18 a Zaragoza alta Velocidad a pesar de "las indecentes y salvajes condiciones que nos imponen" pero "vamos a analizar el cómo".

La intención de Rivarés es renegociar tanto los intereses como los "inauditos plazos" que les impone Alta Velocidad "porque sino no podemos pagarlas, porque están alejadas de la realidad económica y social que se vive este año".

Rivarés ha reconocido que esta "deuda oculta" no se puede asumir "ni en uno ni en dos años" pero tampoco quiere "agobiar" a la ciudadanía, por lo que ha anunciado que para 2016 van a realizar un presupuesto realista sin recortar los servicios esenciales.

Su objetivo es aumentar los ingresos gravando a las rentas más altas y reducir gastos en el sector público local como sociedades y organismos autónomos además de revisar el nuevo callejero fiscal que, ha dicho, "no tiene nada que ver ni con la realidad fiscal ni social de la ciudad".

Las medidas más a corto plazo serán, ha apuntado, renegociar deuda y negociar las ordenanzas sobre todo en lo que respecta al IBI, "la gran fuente de financiación" del Ayuntamiento y que supone el 23 % de la recaudación y que podrían ser 153 millones, 20 millones más que este año, y el IAE y exigir a Hacienda una nueva revisión catastral porque "no tiene sentido que inmuebles en barrios de trabajadores experimenten un 151 y 170 % de incremento".

Por otro lado ha informado de que desde ayer ya funciona la oficina de control financiero con 5 personas.