Auditoría externa fijará el precio del rescate de ARA-A1, de unos 40 millones

Soro ha comparecido hoy ante el Pleno de las Cortes, a petición de Ciudadanos, para explicar la situación en la que se encuentra la concesión de esta vía, la primera autopista autonómica, inaugurada en 2008 (cuando gobernaba el PSOE en coalición con el PAR) y que une, con cinco kilómetros, las localidades de El Burgo de Ebro y Villafranca, es decir, que enlaza la AP-2 y la N-II con la N-232.

La autopista se impulsó después de realizar estudios técnicos que previeron un flujo de vehículos importante, pero luego se constató que existía una diferencia "abismal" entre lo previsto y el tráfico real, de en torno al 40 por ciento, que supuso para la concesionaria una minoración importante de sus ingresos, según el relato de Soro.

Después de que la concesionaria solicitara en varias veces un reequilibrio de la concesión, presentó un concurso de acreedores en octubre de 2016, cuando Soro ya era consejero, pero mostró su deseo de seguir explotando la concesión si los bancos accedían a una quita del 50 por ciento y se incrementaban las tarifas de peaje en sombra que abonaba el Gobierno de Aragón, algo a lo que el ejecutivo accedió pero que no fue aceptado por las entidades financieras.

Al no llegar a un acuerdo en la junta de acreedores celebrada el pasado 23 de octubre, la liquidación de la empresa sigue ahora su curso y, según ha detallado Soro, eso implica, según la ley de contratos públicos, que el Gobierno de Aragón deberá asumir la infraestructura, que pasarán a ser de su propiedad, es decir, pública.

Una auditoría deberá fijar ahora el valor patrimonial que deberá abonar el Gobierno, ha recordado el consejero, quien ha recordado, a petición del diputado de Ciudadanos Jesús Sansó, que el ejecutivo ha pagado en concepto de peajes en sombra en torno a 22,2 millones de euros desde 2008.

También se ha referido a otro contencioso relacionado con esta obra, ya resuelto y que ha supuesto el abono en efectivo a la concesionaria de 3,25 millones de euros por un incremento de los costes de construcción.

La empresa había reclamado 9,1 millones, pero finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (en una sentencia ratificada por el Supremo) condenó a la administración a pagar los citados 3,25 millones.

Soro ha reconocido que en esta infraestructura se cometieron errores de cálculo y ha enfatizado que, a la vista de los acontecimientos, no fue una buena decisión estratégica, pero también ha dicho que los gobiernos tienen que "arriesgar" y no ser siempre meros gestores.

Sansó, por su parte, ha lamentado el "error de gestión tan grave" del PSOE que supuso la construcción de la ARA-A1, y ha achacado también la culpa al PAR, que gobernaba entonces en coalición con los socialistas.

El diputado del PP Javier Campoy ha considerado que es un "ejemplo palpable" de gestión "más que desafortunada" que el PSOE no supo resolver entre 2004 y 2011.

Soro, en este sentido, le ha recordado que entre 2011 y 2015 gobernó el PP y que tampoco lograron solucionar el asunto.

Para Marta de Santos, la ARA-A1 fue una "tremenda chapuza", pero Jesús Guerrero (PAR) ha dicho que se hizo "con la mejor intención".