Marisol Aured, la concejal que denunció la corrupción urbanística en La Muela y que acabó dirigiendo el municipio zaragozano tras la detención y posterior procesamiento de la exalcaldesa Mariví Pinilla, se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia de Zaragoza acusada, paradógicamente, de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos por un contrato de basuras por el que se enfrenta a 12 años de cárcel. Uno de los catorce delitos por los que fue condenada a 17 años de prisión su antecesora. Aured negó que modificara en el 2012 la licitación que el ayuntamiento había firmado en el 2005 con Seula para la recogida de residuos y que con ello se haya causado un perjuicio al consistorio en beneficio del gerente de la empresa, Luis Miguel Bolea, que también está procesado.

La exalcaldesa del PP señaló que nada más coger el bastón de mando observó que había facturas sin pagar. De hecho, Seula les había denunciado ante los tribunales por el impago de tres anualidades con un montante de 1,2 millones de euros. Ante esta situación y que desde los servicios jurídicos de la DPZ se les propuso llegar a un acuerdo extrajudicial, el consistorio pactó una rebaja de esa factura total a una de 750.000 euros, tras revisar los servicios como, por ejemplo, que el cobro no se realizara en toneladas, ya que en el vertedero de Épila no había báscula y no se podía determinar si el coste era beneficioso para el municipio. También se actualizaron los precios puesto que no se había tenido en cuenta el IPC ni el IVA en los ejercicios anteriores.

Una forma de actuar que, tal ycomo defendió, no se llevó al Pleno, pero porque el secretario municipal no señaló que esta era la fórmula de hacerlo. Y es que sostuvo ante los magistrados que «no hubo una modificación de la contratación, sino una actualización». También resaltó que en el pliego de condiciones de este contrato de la etapa de Pinilla, se destacaba una cláusula de actualizaciones en la que se enmarcaría su forma de proceder.

Su compañero de banquillo, Luis Miguel Bolea, incidió en el mismo sentido e, incluso, resaltó que había estado años previos sin cobrar y sin ajustarse a «realidades como que comenzó a realizar la recogida de basuras con 2.000 habitantes y acabó con 6.000». También rechazó que haya cobrado más de lo que le corresponde.

Durante la vista oral, que continuará hoy con la declaración del actual alcalde y denunciante, Adrián Tello, fue fundamental la declaración del concejal de residuos, Héctor Carrera, quien negó cualquier orden procedente de Marisol Aured que pudiera conllevar un delito de prevaricación. Lo hizo a una pregunta del magistrado Juan Alberto Belloch. Este edil sí reprochó la actitud del secretario municipal, Luis Ruiz, por ocultarle información y por no advertir que esta cuestión debía de haber pasado por el Pleno. De haber sido así. Aured no estaría en el banquillo.

Un reproche que Luis Ruiz (condenado por el caso Molinos) desmintió. Por su parte, las interventoras del consistorio coincidieron en que el Pleno debía de haber tratado este asunto.