Trinar contra la superposición de administraciones es un desahogo recurrente. Tiene cierto éxito porque aún hay personas convencidas de que la culpa de esta ruina actual la tienen los sueldos de los políticos, la inoperancia del sector público y otros fantasmas similares agitados por los ultraliberales. Como si el rescate bancario, la desregulación económica y el atraco a las clases populares y medias no tuvieran nada que ver con la que está cayendo. El caso es que, una y otra vez, se oyen discursos que exigen la desaparición de las diputaciones provinciales, la disolución de las comarcas, la regresión autonómica y un retorno al centralismo que, dicen, permitirá ahorrar no se sabe cuánto. En apoyo de tal análisis, demasiados cargos públicos llenan las instituciones que gobiernan de parientes y correligionarios, despilfarran el dinero del común e incluso, a veces, lo roban. Pero este es un problema colateral (y distinto) al que nos plantea el prolijo entramado administrativo vigente en nuestro país. Porque si hay mamoneo, lo habrá igual (como ya lo hubo antes del 78) en un régimen centralizado. Y, ojo, Francia es celebrada como paradigma de Estado vertical y unitario... aunque tiene más funcionarios por cada mil habitantes que la taifal España.

La superposición de un nivel administrativo central, otro autonómico, otro provincial, otro comarcal y otro municipal (con las instituciones europeas sobrevolándolo todo) es, quizás, demasiado. Pero habría que estudiar muy bien cualquier reorganización futura. Por una parte, parece imprescindible avanzar hacia modelos federales en lo que se refiere a la estructura del Estado; por otra, la despoblación y la crisis específica de la España interior exigen disponer de instrumentos para que muchos pueblos no queden olvidados y sin recursos. En Aragón, esta última cuestión es crucial (y bien mirado, también la primera).

Hace falta regenerar de verdad la política y dar una nueva dimensión a la función pública. Sin vocación, entrega, convicción, principios, honestidad y eficiencia, seguiremos como estamos por los siglos de los siglos. Recentralizar no es más que una palabra, como lo puede ser independencia en la Cataluña del pujolismo. La cuestión es otra.

El sector público puede y debe ser eficiente y ajustado en su gasto, puede captar a los mejores profesionales, puede promover la investigación y el desarrollo, puede funcionar mejor que cualquier empresa privada... Por idéntica razón, el armazón institucional del Estado puede funcionar de manera descentralizada, con transparencia y con capacidad para igualar en derechos y servicios a toda la ciudadanía. Siempre, claro, que sea servido por personas consecuentes y controlado democráticamente. Ésa es la cuestión.