Con la actual ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) en vigor y con los recortes presupuestarios aún recientes y no revertidos, la mayoría de los consejeros de Educación de las comunidades ven muy difícil alcanzar un consenso para el pacto de Estado educativo que está tratando de promover el Gobierno central. «La LOMCE es un muy mal punto de partida», lamentó ayer el navarro José Luis Mendoza, en su intervención durante la sesión monográfica que el pleno del Senado dedicó al pacto educativo.

El senador socialista por Aragón y expresidente de la comunidad, Marcelino Iglesias, constató que la ley de educación «ha fracasado» y planteó un pacto que pueda ser asumido «por todas las comunidades». Por su parte, la consejera de Educación, Mayte Pérez, señaló que en Aragón, recién transferidas las competencias, ya puso en marcha un pacto por la educación que situó a la autonomía en los mejores indicadores en materia educativa «y eso a través de diálogo y consenso».

Corregir las desigualdades / La consejera añadió que el «norte» del nuevo pacto debe ser la calidad, la equidad, la solidaridad y la participación. «No se podría concebir un acuerdo que no corrija las desigualdades sociales y culturales, tanto en acceso al sistema educativo como en la permanencia en el mismo», añadió Pérez. También la catalana Meritxell Ruiz, la vasca Cristina Uriarte y el cántabro Ramón Ruiz coincidieron en que la ley educativa aprobada por el entonces ministro José Ignacio Wert coarta y condiciona las posibilidades de acuerdo. «Sobre todo, porque cualquier pacto educativo que se quiera alcanzar debería empezar por el reconocimiento y el respeto escrupuloso de que en España existen distintos sistemas educativos», insistió Ruiz, que lamentó que «el origen de este proceso sea una ley, la LOMCE, que se aprobó sin consenso y que ha ocasionado graves perjuicios al modelo educativo catalán».

Por eso, agregó el valenciano Vicent Marzà, «tendría que ser un pacto territorial, con el consenso de los territorios y sin que, a cada decreto, se esté recurriendo a los tribunales». Por parte de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, señaló que una ley de educación sin una financiación adecuada está «condenada al fracaso».