La primera autopista autonómica, la ARA A-1, está al borde de la quiebra. La sociedad concesionaria Puente del Ebro, una UTE formada al 50% por Acciona y al 25 % por Arascon y por Brues y Fernández, notificó la pasada semana a la Consejería de Hacienda su situación de preconcurso de acreedores. El próximo martes, el Consejo de Gobierno abordará la situación de esta infraestructura de 5,3 kilómetros que se inauguró en julio del 2008 para unir la N-232 y la A-2 mediante un largo puente sobre el río Ebro.
A partir de ahora, se abre un plazo de cuatro meses para que se aborde la situación de esta empresa y se pueda encontrar una salida favorable tanto para la continuidad de la sociedad como para evitar que el Gobierno de Aragón tenga que acudir al rescate. Por este motivo, en los próximos días se van a producir diversos encuentros entre el Gobierno de Aragón (a través de la Consejería de Hacienda y la de Obras Públicas), las entidades financieras y los responsables de la sociedad.
Fuentes cercanas a la situación se mostraron optimistas y confiaron en que se resolverá de forma favorable para todas las partes. Ello permitiría a la concesionaria salir de esta delicada situación.
La principal causa del estado al que se ha llegado tan solo seis años después de la entrada en funcionamiento de esta infraestructura es que el aforo de tráfico de esta autopista es muy inferior a lo que se estimó inicialmente, lo que hace que la elevada inversión de la empresa (que obtuvo la concesión por un plazo de 30 años y un importe de 154,6 millones) no recupere beneficios ya que el Gobierno de Aragón debía abonar una tasa que se calculaba multiplicando una cantidad por el número de vehículos que la usaban por kilómetro. Así, se cifró que el Gobierno de Aragón debía abonar entre los 5,6 millones del 2008 hasta los aproximadamente 6,4 del último año de la concesión, en el 2035. La infraestructura costó unos 50 millones de euros.
Estas cantidades anuales se cifraron con unos cálculos aproximados según los estudios en los que se estimaba que diariamente usarían utilizarán la nueva carretera 4.800 vehículos ligeros y entre 1.200 y 1.300 pesados. Lo cierto es que desde su apertura, el tráfico siempre ha rondado la mitad de las previsiones.
De este modo, todo indica que se va a renegociar el contrato para que la empresa encargada de su explotación y mantenimiento perciba unos ingresos acordes a la situación y se evite así un rescate. La situación de la autopista autonómica aragonesa no es una excepción en la red viaria estatal, ya que la misma situación se da en la Comunidad de Madrid.
