Los auxiliares de Educación Especial aragoneses anuncian movilizaciones para denunciar los "incumplimientos" del Gobierno de Aragón del acuerdo de 2002 adoptado unánimemente por las Cortes aragonesas para mejorar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y las condiciones laborales del personal adscrito a Educación Especial, así como la regulación de unas nuevas funciones.
Este colectivo protagonizó el pasado mes de febrero una serie de movilizaciones que ahora van a retomar para exigir el cumplimiento del mencionado acuerdo que se concretó después en un acuerdo sindical en diciembre de ese mismo año y que suponía una nueva clasificación profesional del colectivo de auxiliares de Educación Especial, precisan en un comunicado desde la Federación de Enseñanza de CC.OO.-Aragón.
Esta adaptación ya se ha realizado en el resto de Comunidades Autónomas del Estado español, excepto en Aragón, Extremadura y La Rioja y su finalidad es adaptar la clasificación a la titulación, funciones y objetivos curriculares establecidos en el sistema educativo para estos profesionales.
Según el acuerdo alcanzado, el proceso de reclasificación profesional debía haber concluido en diciembre de 2003. Sin embargo, la Administración "ha venido retrasando el cumplimiento de este acuerdo, comprometiéndose a unos nuevos plazos que vuelven a incumplirse", explican las mismas fuentes.
En este sentido, el sindicato indica que el pasado 19 de febrero paralizaron las movilizaciones ante el compromiso del director general de la Función Pública con CC.OO. y de UGT de que el acuerdo se iba a cumplir en el mes de abril, pero "el mes de abril ha pasado y los mensajes transmitidos por el Gobierno de Aragón indican su falta de voluntad por cumplir el acuerdo, aplazándolo de nuevo sine die".
El colectivo de auxiliares de Educación Especial ha decidido, por eso, como primera medida de presión "hacer exclusivamente lo que la Administración nos reconoce", es decir, "volver a la situación anterior a 1999 y limitarnos a cumplir las tareas asistenciales con los alumnos con necesidades educativas especiales, negándonos, muy a nuestro pesar, a participar en cualquier otras tareas educativas que no se reconocen por parte de la Administración y que efectivamente no estaban incluidas en el acuerdo de transferencias de educación de 1999".
Las funciones que han venido desempeñando a pesar de no estar reconocidas esas funciones ni la categoría profesional son, según indica CC.OO., la planificación de los programas para lograr la mayor autonomía personal y social y el bienestar del alumno y las actividades de carácter complementario como salidas semanales a piscinas, actividades terapéuticas con animales dentro del programa "animal amigo" y otras salidas programadas cada curso escolar.
Entre estas últimas mencionan encuentros de varios días de centros de educación especial, participación en semanas blancas en la nieve, salidas formativas a otras provincias para visitar museos, acuarios, planetarios y parques temáticos.
Asimismo, "realizamos cotidianamente importantes funciones educativas en nuestros centros relacionadas con la adquisición de hábitos para la integración en la vida familiar y social --higiene, vestido, alimentación, comportamiento-- y apoyamos y colaboramos con las familias y con el resto de profesionales del centro".
El colectivo muestra su malestar por "haber tenido que llegar a esta situación", pero "la responsabilidad es exclusivamente del incumplidor, que nuevamente vuelve a ser el Gobierno de Aragón", a quien piden que cumpla de los acuerdos. Además, reclaman la solidaridad y el apoyo de las familias, de las direcciones y de los claustros de profesores de los centros.
